Alerta Bolivia
Tarija, 02 de junio de 2025 – En política, ya casi nada sorprende: las traiciones, las alianzas impensadas, los insultos que ayer fueron promesas y los enemigos del pasado que hoy se abrazan como camaradas. Lo sucedido en la Asamblea Legislativa Departamental de Tarija la anterior semana no es un caso aislado; es apenas otro capítulo de ese libro gastado donde la lealtad tiene precio y los principios se intercambian como fichas en una mesa de negociación.
La reciente elección de la nueva directiva, con una mayoría conformada paradójicamente por miembros del MAS que terminaron alineándose con el gobernador Óscar Montes, ha revelado algo más profundo que una simple “jugada política”: ha desnudado sin pudor la podredumbre que carcome nuestras instituciones. La asambleista Juanita Miranda, en un arranque de furia que no deja de tener algo de verdad, les llamó “rocolas”. Y es que parece que en esta política local, uno pone la moneda adecuada y suena la melodía que más conviene.
Pero el fondo de este juego de máscaras no es una simple pelea de poder. El verdadero drama se esconde en lo que vendrá: la posible eliminación de programas que benefician a los más vulnerables, escudándose en la crisis financiera de la Gobernación. Montes lo ha dejado claro: ya no alcanza el dinero para la Canasta Alimentaria, el Prosol o los ítems de salud. ¿Coincidencia o cálculo? ¿Es esta directiva el primer paso de un plan para recortar derechos disfrazado de «ajuste»?
No es que no exista una crisis económica. La caída de los ingresos por regalías, el peso de las deudas, y el aparato estatal sobredimensionado que se construyó en tiempos de bonanza son una realidad. Pero el problema no es solo la escasez de recursos, sino la escasez de ética. Porque mientras se dice que “no hay plata”, sí hay alianzas forzadas, votos cruzados y sospechas de favores devueltos. Siempre hay algo a cambio.
El verdadero peligro no es que los enemigos de ayer hoy trabajen juntos. El peligro es que esa nueva mayoría facilite un desmantelamiento silencioso de los programas sociales, mientras el discurso público se centra en las excusas técnicas. Se le exige a la Asamblea que “resuelva la encrucijada”, pero no se dice que esa solución implicaría, posiblemente, renunciar a la asistencia de miles de personas que dependen del Estado para sobrevivir.
Al final, la política termina siendo el arte de justificar lo injustificable. Y en ese escenario, los pobres siempre pierden. Porque entre los discursos y las votaciones, entre los insultos y los pactos, entre los supuestos principios y las evidentes transacciones, lo único que permanece intacto es la impunidad con la que los poderosos manejan la voluntad popular como si fuera suya.
Ojalá nos equivoquemos. Ojalá esta directiva no sea la antesala del ajuste. Ojalá la ética vuelva a tener espacio en la política. Pero, por ahora, la realidad grita otra cosa. En Tarija, como en muchas partes del país, ya no sorprende nada. Solo duele.
