El segundo debate presidencial organizado por el Tribunal Supremo Electoral estuvo marcado por la ausencia de cinco candidatos presidenciales (Samuel Doria Medina, Jorge Tuto Quiroga, Manfred Reyes Villa, Jhonny Fernández y Andrónico Rodríguez) y las fuertes acusaciones entre Eduardo del Castillo, Pavel Aracena y Rodrigo Paz, quienes se señalaron de querer “vender el litio” boliviano.
Los tres candidatos que asistieron al debate expusieron sus estrategias para enfrentar la escasez de dólares, el alza de precios y el desempleo ante la siguiente consulta: “Bolivia atraviesa una crisis múltiple marcada por la falta de divisas, la depreciación del boliviano, el desabastecimiento de combustibles y el incremento de la pobreza y el desempleo. De ser elegido presidente, ¿cuáles son las medidas inmediatas que tomará para enfrentar de manera integral estos problemas y cómo las financiará?”.
En este contexto, los candidatos presidenciales Eduardo del Castillo (MAS), Pavel Aracena (ADN) y Rodrigo Paz (PDC) presentaron en el debate del TSE sus planes inmediatos para estabilizar la economía.
Eduardo del Castillo defendió su propuesta “Bolivia Primero”, con dos ejes (plata y vida) para inyectar 12.000 millones de dólares mediante inversiones en agro, minería e hidrocarburos. El objetivo, dijo, es aumentar exportaciones y divisas sin recortar derechos sociales:
“La solución nunca será afectar a los más pobres. Apostaremos a generar excedentes y reducir las filas en los surtidores”.
Pavel Aracena planteó una estrategia de liquidez rápida: obtener 6.000 millones de dólares en 60 días mediante un referéndum departamental en Oruro, Potosí y Santa Cruz que autorice vender hasta el 3% de las reservas de litio y tierras raras. El dinero serviría para estabilizar el dólar, importar combustibles y pagar aguinaldos.
Además, propuso recuperar oro de la reserva fiscal del río Madre de Dios y permitir depósitos bancarios sin declarar origen, para captar hasta 3.000 millones de dólares. Es simple y rápido: estabilizamos el dólar y aseguramos el próximo año escolar”.
Rodrigo Paz apostó por un cambio estructural: que los bolivianos reciban renta directa de los recursos naturales a través de un mercado de capitales, garantizando seguridad jurídica para atraer inversión. Su plan contempla recortar 1.300 millones en gastos superfluos y eliminar subsidios a empresas y contrabandistas para ahorrar 2.500 millones y reducir el déficit fiscal en un 60%.
“En 50 años, estatistas y neoliberales han hecho lo mismo: quedarse con la riqueza. Hay que devolvérsela al pueblo”, agregó.
El intercambio dejó en evidencia fuertes diferencias: Del Castillo acusó a otros candidatos de “querer robar el litio” mediante negociaciones a puertas cerradas, mientras Aracena respondió que su propuesta es la única que permite a los departamentos decidir vía referéndum. Paz, por su parte, insistió en que la propiedad de los recursos debe ser ciudadana y no estatal ni privada.
Desarrollo productivo
Además, los candidatos presentaron sus planes para impulsar el desarrollo productivo, mejorar la competitividad y atraer inversión, en un contexto de crisis económica y frecuentes conflictos sociales.
La pregunta del Tribunal Supremo Electoral fue directa: ¿qué acciones de política pública implementarían para diversificar la economía, reducir trabas a la inversión y devolver confianza a los actores productivos? El contexto incluyó problemas como contrabando, informalidad y bloqueos que paralizan las exportaciones.
Pavel Aracena planteó cinco pilares: “libertad para producir”, reforma pro-industrialización, revolución en infraestructura y logística, apertura agresiva de mercados internacionales con diplomacia económica, y desarrollo de capital humano con enfoque industrial. Propuso que las embajadas bolivianas se dediquen exclusivamente a abrir mercados y que empresas creadas por mujeres y jóvenes menores de 25 años no paguen impuestos.
“Se acabó que un recién egresado tenga que competir con viejos profesionales. Licitaciones solo para jóvenes y mujeres. No más planes importados: no Harvard, no Cuba, no Nicaragua. Primero los bolivianos”, subrayó.
Rodrigo Paz puso el acento en redistribuir recursos y formalizar la economía. Ofreció un salario universal para mujeres cuidadoras, transferir el 50% del presupuesto central a salud, educación y seguridad en las regiones y otorgar renta directa de los recursos naturales a cada ciudadano.
Para combatir la informalidad (85% de la economía), propuso créditos baratos, impuestos y aranceles por debajo del 10%, y una aduana público-privada “sin corrupción”.
“Cuidar es economía. Los recursos no deben quedarse en manos del partido o de pequeñas oligarquías. Hay que devolverlos al pueblo”, sostuvo.
Eduardo del Castillo defendió su plan “Bolivia Primero”, que combina crédito productivo a campesinos y agroindustria con grandes obras de infraestructura para integrar mercados. Planteó el “crédito vida”, que permitiría producir hoy y pagar mañana, y denunció la baja productividad agrícola por abandono estatal. Anunció cinco proyectos carreteros y ferroviarios para conectar Santa Cruz, La Paz y el Beni, incluyendo la conclusión de la bioceánica.
“Queremos convertir a Bolivia en el hub de las negociaciones regionales. Para que funcione, hay que cambiar al menos siete leyes y generar condiciones reales para invertir”, afirmó.
Aunque las propuestas coincidieron en abrir mercados y eliminar trabas, difirieron en el enfoque: Aracena apostó por incentivos tributarios focalizados, Paz por redistribución y formalización, y Del Castillo por grandes proyectos de integración física y créditos estatales.
Con información de El Deber