Alerta Bolivia
Tarija, 13 de agosto de 2025.– Después de tres años de intensa búsqueda, las fuerzas de seguridad lograron la captura y posterior extradición desde Argentina de Aurelio Ibarra, sindicado como responsable de los delitos de violación y abuso sexual agravado en perjuicio de una adolescente en el departamento de Tarija, hechos registrados en el año 2022.
De acuerdo con los informes oficiales, el imputado habría cometido estos actos aprovechando su posición de confianza dentro del círculo familiar de la víctima, quien era menor de edad al momento de los hechos. Inicialmente, Ibarra fue sometido a detención domiciliaria con escolta, pero evadió las medidas cautelares impuestas, lo que derivó en su declaratoria como rebelde y la activación de una Alerta Roja de Interpol para su localización.
El operativo que permitió su aprehensión fue resultado de la coordinación entre la Policía Boliviana, la Fiscalía, Interpol y las autoridades argentinas, logrando su detención en la provincia de Jujuy, Argentina. Cumplidos los trámites legales y en el marco de los tratados internacionales vigentes, se procedió a su extradición a Bolivia, donde enfrentará un juicio oral y público por los cargos que se le imputan.
En las próximas horas se llevará a cabo una audiencia de revocatoria de medidas cautelares, en la cual la representación legal de la víctima solicitará su internamiento preventivo en el penal de Morros Blancos, fundamentando dicho pedido en el alto riesgo de fuga que representa el acusado, dada su condición de prófugo previo.
La tia de la victima reveló que los abusos se prolongaron desde los 4 hasta los 12 años de edad de la menor, bajo el engaño de una relación de padrinazgo.
«Era una persona de aparente rectitud moral que gozaba de nuestra total confianza. Destruyó la vida de mi sobrina y sabemos que tenía antecedentes similares. Hoy exigimos que la justicia actúe con toda la severidad que corresponde», afirmó.
Las autoridades judiciales destacaron que este caso constituye un ejemplo de la efectividad de la cooperación internacional en materia penal, reafirmando el compromiso del Estado boliviano en la persecución y sanción de delitos graves contra la integridad sexual. Se garantiza que el proceso se desarrollará con estricto apego a los protocolos legales, velando por los derechos de la víctima y el esclarecimiento de los hechos.
