El presidente del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), Romer Saucedo, emitió el Instructivo N°19/2025, para la organización de jornadas de verificación de plazos de la medida cautelar de detenciones preventivas.
El instructivo va dirigido a todos los presidentes de Tribunales Departamentales, en un plazo computable de 24 horas desde la notificación.
Además, ordena que si un proceso se lleva adelante en un distrito judicial y se cumple la medida de detención en un lugar diferente, el procesado deberá ser trasladado al lugar donde radicaría el proceso o, en su defecto, y de manera excepcional, hacer uso de medios virtuales tecnológicos.
El domingo, los reclusos de distintas cárceles del país se declararon en emergencia nacional exigiendo al TSJ extender el beneficio de la revisión de plazos de detención preventiva a todos los reclusos.
Pronunciamiento público
El pedido surgió después de que esa medida fuera anunciada únicamente para los casos de la expresidenta Jeanine Áñez, el gobernador electo de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, y el expresidente del Comité Cívico Potosinista (Comcipo) Marco Antonio Pumari.
En un pronunciamiento público, los delegados de los privados de libertad de Palmasola (Santa Cruz) y de Villa Busch (Pando) expresaron su molestia, y señalaron que un trato diferenciado vulnera el principio de igualdad ante la ley.
“Nos declaramos hoy día, a partir del domingo 24 de agosto del 2025, en estado de emergencia pacífica nacional (…) porque creemos que somos iguales ante la ley. Si bien somos privados de libertad, también tenemos derecho e igualdad”, manifestó uno de los delegados.
Con información de La Razón
