Alerta Bolivia
Tarija, 27 de agosto de 2025. – La Asamblea Permanente de Derechos Humanos en Tarija, a través de su director André Bruselas, junto con el coronel Edwar Pereira, director de la Facultad Técnica Superior en Ciencias Policiales (FATESCIPOL), aclararon este miércoles que la denuncia de presunto acoso sexual contra tres oficiales superiores de la institución resultó ser “falsa” tras las investigaciones preliminares.
Bruselas explicó que inicialmente se brindó acompañamiento a la denunciante debido a que manifestó sentirse en situación de indefensión. Sin embargo, tras la revisión de cámaras de seguridad, informes oficiales y otras pericias, se verificó que los hechos denunciados “no ocurrieron como fueron presentados públicamente”.

“Se constató que la alumna entraba y salía libremente de las instalaciones, en contradicción con su declaración de haber estado retenida durante horas, de haber sufrido tocamientos por parte de oficiales de la institución y de que le habrían quitado el celular para revisarlo. Con pruebas visibles y contundentes, quedó demostrado que se trató de una acusación direccionada con fines de desprestigiar al personal de la institución”, sostuvo Bruselas.
El representante de Derechos Humanos advirtió que incluso habría existido presión hacia otras estudiantes para sumarse a la denuncia, situación que calificó como “alarmante”. Según explicó, todo se habría originado por un problema interno con un policía que fue trasladado a otra ciudad, persona que supuestamente mantenía una relación sentimental con la denunciante y que habría influido en la acusación.
Asimismo, señaló que la Asamblea elaborará un informe completo sobre el caso y recordó que su labor es velar por los derechos de todas las partes, tanto de las víctimas reales como de aquellas personas que pudieran ser injustamente acusadas.
Por su parte, el coronel Edwar Pereira, director de la FATESCIPOL en Tarija, respaldó las declaraciones y remarcó que la institución respeta plenamente los derechos fundamentales de sus alumnos.
“Desde el primer momento se garantizó que la estudiante continúe con sus estudios sin represalias, bajo las medidas de protección dispuestas por la Fiscalía y la Defensoría del Pueblo. La investigación del Ministerio Público ya rechazó las acusaciones y será el régimen disciplinario el que determine las acciones que correspondan”, explicó Pereira.
El caso, que generó repercusión en los últimos días, queda ahora en manos de las instancias competentes, mientras la Asamblea de Derechos Humanos insiste en que se debe actuar con responsabilidad para evitar la proliferación de denuncias falsas que puedan afectar tanto a estudiantes como a la imagen institucional.