Este jueves se emitió la primera sentencia por el delito producción de material de abuso sexual de niña, niño o adolescente. Norma enmarcada en la nueva Ley 1636, para la Protección de la Integridad Sexual de Niñas, Niños y Adolescentes en Entornos Digitales.
El acusado, Erick A. O. de 31 años de edad, está sentenciado a 30 años de prisión. Cumplirá la pena en la cárcel de máxima seguridad de El Abra, de Cochabamba. Es el autor de violación y la producción de material de abuso sexual cometidos en contra de su prima, una niña de nueve años de edad.
“Durante el desarrollo de la audiencia de procedimiento abreviado, el Ministerio Público acreditó y generó certeza ante la autoridad jurisdiccional sobre la autoría de Erick A. O. Se presentaron elementos de convicción colectados en etapa preliminar. Entre ellos, el informe psicológico, las fotografías y videos obtenidos de un celular. Además de material audiovisual de las agresiones sexuales que almacenaba en un disco compacto”, informó el fiscal departamental, Oswaldo Tejerina.
Informes
Acotó que además se adjuntaron informes del investigador, declaraciones testificales, valoración psicológica, entre otros, que permitieron que se emita la condena máxima
El fiscal asignado a la investigación del caso, Juan Carlos Aguilera, informó que las agresiones sexuales ocurrieron en el municipio de Vinto en reiteradas ocasiones. Desde 2022, cuando la víctima tenía seis años de edad, su primo Erick A. O. sacaba fotografías y filmaba los abusos sexuales y violación que ejercía en contra de la niña y los almacenaba en la nube.
Durante el allanamiento a su inmueble, se secuestró material audiovisual y se logró verificar el ambiente donde se cometía el hecho.
La fiscal superior en Razón de Género de la Fiscalía General del Estado, Alejandra Rocha, destacó la aplicación efectiva de la nueva norma que dota de herramientas jurídicas actualizadas y acorde a las nuevas formas de delinquir de los agresores sexuales de menores de edad.
Asimismo, reafirmó el compromiso institucional de fortalecer la correcta aplicación de la Ley 1636 a través de capacitaciones dirigidas al personal fiscal, judicial y policial, entre otras instituciones que forman parte de la cadena de atención a víctimas.
Con información de La Razón