Alerta Bolivia
Tarija, 14 de octubre de 2025.- El presidente de la Sociedad de Ingenieros de Bolivia (SIB) Pascual Velásquez, expresó su profunda preocupación ante el incremento sostenido de los precios de los principales insumos utilizados en el sector de la construcción, advirtiendo que esta situación podría generar la paralización de múltiples obras públicas y privadas, afectando a más de un millón y medio de empleos directos e indirectos en todo el país.
El representante del gremio señaló que el alza afecta especialmente a materiales producidos en el territorio nacional, como el cemento, el ladrillo, la cerámica y la madera, cuyos precios se incrementaron entre un 60% y 70% en los últimos meses.
“Esta situación está provocando que muchas obras entren en riesgo de suspensión o rescisión de contrato, generando desempleo y un ambiente de incertidumbre en el sector”, manifestó.
Ante esta realidad, la SIB solicitó al Gobierno Nacional la ampliación del Decreto Supremo de ajuste de precios y plazos, que vence a fin de mes, además de la inclusión de los materiales de producción nacional dentro del listado de productos sujetos a reajuste.
“Pedimos que se incorporen materiales como el cemento, el ladrillo, la cerámica y la madera, porque todos han tenido incrementos significativos y son esenciales para la continuidad de las obras”, añadió el titular de la institución.
Velásquez cuestionó además las causas del incremento, señalando que los insumos básicos para la producción de estos materiales —como el gas natural— no han sufrido variaciones de precio, por lo que considera necesario que el Gobierno investigue las razones detrás de esta subida “excesiva y sin justificación aparente”.
“Por ejemplo, el cemento que antes costaba entre 45 y 49 bolivianos hoy se vende entre 60 y 70; la cerámica común subió de 25 a 45 bolivianos por metro cuadrado, y la madera pasó de 4 a 8 bolivianos el pie cuadrado”, detalló.
Finalmente, el presidente de la SIB reclamó que los procedimientos establecidos por el actual decreto de reajuste no se están aplicando efectivamente debido a la falta de presupuesto en las entidades públicas.
“Los trámites se quedan en los escritorios de los fiscales y no se ejecutan los incrementos. Por eso pedimos que, en un nuevo decreto, se establezcan procedimientos claros y ejecutables, para que no se quede solo en un anuncio, sino que brinde una solución real al sector”, concluyó.
