Alerta Bolivia
El Defensor del Pueblo, Pedro Callisaya, manifestó su profunda preocupación ante la prolongada suspensión del proceso eleccionario judicial en Bolivia, advirtiendo que la falta de elecciones para las máximas autoridades judiciales está llevando al país a un escenario de fragilidad institucional y podría derivar en salidas no democráticas.
El proceso judicial ha enfrentado múltiples obstáculos desde la anterior gestión, con decenas de acciones constitucionales que inicialmente provocaron la suspensión de las elecciones. A pesar de los intentos por retomar el proceso, los tribunales constitucionales de Beni y Pando han declarado desierta la elección, suspendiéndola nuevamente. Esta situación prolonga indefinidamente las funciones de las actuales autoridades judiciales, lo que, según Callisaya, no solo vulnera el derecho político de la población a elegir a sus jueces, sino que también debilita la institucionalidad democrática del país.
Callisaya recordó que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y el Relator Especial para la Independencia de los Jueces de Naciones Unidas ya habían expresado preocupación en septiembre del año pasado por la falta de elecciones judiciales en Bolivia. «Hoy, nuevamente enfrentamos la suspensión del proceso, lo cual agrava la crisis institucional y orilla a la población hacia alternativas que podrían no ser democráticas», destacó.
Ante esta situación, el Defensor del Pueblo informó que ha remitido una nota al presidente del Tribunal Constitucional solicitando que se adopten medidas rápidas y oportunas para resolver las acciones constitucionales que han paralizado el proceso. Asimismo, se ha enviado una comunicación al Tribunal Supremo Electoral para que informe a la Defensoría sobre las acciones que se están tomando para asegurar la continuación del proceso judicial.
Finalmente, Callisaya subrayó la importancia de que las autoridades competentes den una señal clara a la población de que las elecciones judiciales son posibles y que el sistema democrático puede y debe ser el mecanismo para resolver cualquier conflicto en el país. Además, la Defensoría del Pueblo está articulando una comunicación con el sistema de Naciones Unidas, expresando su preocupación ante la comunidad internacional por la actual situación de Bolivia.
Esta intervención reafirma el compromiso de la Defensoría del Pueblo con la defensa de los derechos políticos de la población y el fortalecimiento de la institucionalidad democrática en el país.
