Alerta Bolivia
Tarija, 16 de diciembre de 2024 – La Fiscal Departamental de Tarija, Sandra Gutiérrez, anunció la formalización de la imputación contra el expresidente Juan Evo Morales Ayma por el presunto delito de trata agravada de personas. La investigación incluye también a otras dos personas: Elsa Pozo Saavedra y Emeterio Vargas Mamani. Además, se confirmó que Morales cuenta con una orden de aprehensión vigente y alerta migratoria.
Gutiérrez detalló que la investigación comenzó tras un informe de inteligencia recibido el 26 de septiembre de 2024. “Nosotros hemos iniciado una investigación ante un informe que se nos presentó, y como es obligación del Ministerio Público, procedimos conforme establece el Código de Procedimiento Penal. Esta no es una acción política, sino un caso de orden público”, enfatizó la fiscal.
Según la autoridad, los sindicados fueron citados para prestar su declaración el 10 de octubre, pero no se presentaron ni justificaron su inasistencia. Ante esta situación, el Ministerio Público emitió las respectivas órdenes de aprehensión el 16 de octubre, las cuales continúan vigentes, en conformidad con el artículo 224 del Código Penal.
Dificultades para ejecutar la orden de aprehensión
Gutiérrez explicó que la ejecución de la orden de aprehensión contra Morales enfrenta obstáculos significativos debido a su ubicación en Villa Tunari, Cochabamba, considerada un bastión de apoyo al exmandatario. Informes de inteligencia indican que Morales contaría con resguardo de grupos comunitarios locales, lo que pone en riesgo la seguridad de funcionarios policiales y de la población en general.
“Se han presentado informes detallados de por qué no se ha podido ejecutar la orden. Entre los riesgos se destacan agresiones a funcionarios policiales, resistencia organizada, impacto mediático y riesgos logísticos”, explicó la fiscal. Además, indicó que Morales no cuenta con un domicilio fijo en el territorio boliviano y ha residido previamente en el extranjero, en países como México y Argentina.
Politización del caso
La Fiscal Departamental también abordó las críticas recibidas por la supuesta politización del caso. “Este no es un caso cualquiera. Es una investigación delicada que involucra la desaparición de una víctima y su hija menor. Hemos manejado la información con cautela para proteger la vida de las personas involucradas y garantizar el cumplimiento del debido proceso”, aseguró.
Asimismo, reveló que sectores afines al exmandatario han intentado deslegitimar la labor del Ministerio Público, acusando a las autoridades de parcialidad. “Hemos enfrentado críticas infundadas, pero seguimos comprometidos con la justicia y la verdad”, sostuvo.
Próximos pasos
La Fiscalía continuará con las investigaciones para dar cumplimiento a las órdenes judiciales y garantizar la comparecencia de los sindicados ante la justicia. Entre las estrategias mencionadas está el seguimiento y monitoreo constante mediante informes de inteligencia y ciberpatrullaje.
Finalmente, Gutiérrez hizo un llamado a la opinión pública para evitar especulaciones y permitir que las instituciones competentes concluyan las investigaciones de manera transparente.
