Alerta Bolivia
Tarija, 17 de diciembre de 2024 – La Fiscalía Departamental de Tarija defendió este miércoles la emisión del mandamiento de aprehensión en contra del expresidente Evo Morales y de otra coimputada, identificada como Idelsa Pozo Saavedra, dentro del caso de presunta trata de personas. La fiscal Sandra Gutiérrez señaló que ambos imputados fueron convocados formalmente a declarar en varias ocaciones, sin embargo, no se presentaron ni justificaron su ausencia, lo que motivó la aplicación de las disposiciones legales correspondientes.
“En primer lugar, ellos fueron notificados para que se presenten a declarar. En el caso del señor Morales, la citación estaba prevista para el 10 de octubre en Tarija, pero no se presentó ni justificó su inasistencia. La ley establece que, ante la incomparecencia sin motivo válido, procede la emisión del mandamiento de aprehensión”, afirmó Gutiérrez.
La fiscal explicó que, tras la falta de respuesta, se notificó a ambos imputados mediante edictos, un procedimiento legal cuando el paradero de los acusados es desconocido. “El edicto es público, y los imputados tuvieron un plazo de 10 días hábiles para presentarse y asumir su defensa. Al no hacerlo, y al haber vencido los plazos procesales, procedimos conforme establece el Código de Procedimiento Penal”, puntualizó.
En el marco de las investigaciones, Gutiérrez informó que se realizaron allanamientos en la ciudad de Yacuiba, donde reside la coimputada Idelsa Pozo, pero no se logró ubicarla. A pesar de ello, la imputada presentó memoriales solicitando fecha para declarar, pero tampoco cumplió con su compromiso, lo que la fiscal calificó como “una burla a la ley y al Ministerio Público”.
Sustento legal y complejidad del caso
La autoridad fiscal explicó que la orden de aprehensión responde a los procedimientos establecidos en el artículo 224 del Código de Procedimiento Penal, enfatizando que la normativa no hace excepciones. “La ley es clara, sea Juan Evo Morales o cualquier ciudadano, corresponde ejecutar las medidas procesales cuando no se cumplen los requerimientos judiciales”, subrayó.
Gutiérrez también fundamentó la solicitud de detención preventiva por seis meses, presentada en una imputación formal de más de 60 páginas, donde se detallan los elementos de convicción recolectados durante los meses de investigación. Según la fiscal, se demuestran la probabilidad de autoría y los peligros procesales, como el riesgo de fuga.
“La audiencia de medidas cautelares ahora depende del juez cautelar, quien debe fijar la fecha y hora para notificar tanto al Ministerio Público como a los imputados. Hemos actuado conforme a derecho y en estricto apego a los procedimientos legales”, afirmó Gutiérrez.
Rechazo a presiones políticas
Por último, Gutiérrez denunció que enfrenta presiones y amenazas de procesos por parte de actores políticos. “Una diputada ya anunció un proceso en mi contra por supuesto incumplimiento de deberes. Si eso fuera válido, todos los fiscales del país tendríamos que ser procesados. Sin embargo, mientras todo se realice en el marco de la ley, estas amenazas no nos afectan”, concluyó.
La Fiscalía ratificó su compromiso de llevar adelante las investigaciones con transparencia y apegada a las normas legales, asegurando que el caso seguirá su curso hasta que se determine la responsabilidad de los implicados.
