Argentina despliega 10.000 militares en la frontera norte bajo el Plan Roca

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Alerta Bolivia  

Lunes, 28 de abril de 2025 – El Gobierno de Argentina ha iniciado un fuerte operativo de militarización en su frontera norte mediante la implementación del denominado Plan Roca, una medida que ya genera atención en Bolivia, dada la proximidad geográfica y los históricos vínculos de intercambio entre ambos países. Según reporta el periódico argentino El Tribuno de Salta, el plan contempla el despliegue de hasta 10.000 militares a lo largo del año, quienes, además de tareas de vigilancia, estarán autorizados a detener civiles en casos de flagrancia en zonas fronterizas.

El anuncio fue realizado por el ministro de Defensa argentino, Luis Petri, quien confirmó que las Fuerzas Armadas tienen ahora la facultad de realizar aprehensiones transitorias, siempre en coordinación inmediata con las fuerzas de seguridad, la Justicia o el Ministerio Público Fiscal. Esta medida se enmarca en las modificaciones legales introducidas por el Decreto 1112/2024, que redefine el papel de las Fuerzas Armadas frente a amenazas transnacionales como el narcotráfico y el contrabando.

De acuerdo con El Tribuno, el Plan Roca tiene como epicentro inicial a las provincias de Salta y Jujuy, con despliegues en localidades estratégicas como Aguas Blancas, Tartagal y Salvador Mazza, esta última ubicada a pocos kilómetros de la frontera con Bolivia. Desde Tarija, la información ha sido seguida de cerca por autoridades locales y analistas, ante el posible impacto en el comercio fronterizo.

Petri, en declaraciones reproducidas por el medio salteño, justificó la decisión afirmando que “la detención en casos de flagrancia está contemplada en todos los códigos procesales” y que «todos los países vecinos de Argentina utilizan sus fuerzas armadas en tareas de vigilancia de frontera». El ministro también señaló que esta acción busca replicar experiencias exitosas como el Plan Bandera en Rosario, donde se reportó una significativa reducción de los homicidios vinculados al narcotráfico.

Implicancias para Bolivia
El endurecimiento del control militar en la frontera argentina preocupa especialmente a sectores productivos y comerciales del sur de Bolivia, acostumbrados a una dinámica fluida de tránsito de bienes y personas. Si bien las autoridades argentinas recalcaron que las Fuerzas Armadas actuarán bajo «reglas de empeñamiento» estrictas y en un rol de apoyo logístico, la posibilidad de detenciones podría afectar el flujo de comerciantes, transportistas y pobladores que cruzan diariamente la frontera.

Además, desde Bolivia se observa con cautela el impacto económico que podría derivarse de un cierre o restricción parcial de pasos no habilitados, utilizados históricamente para el comercio informal.

Fuentes diplomáticas bolivianas consultadas por medios locales aún no han emitido un pronunciamiento oficial, pero extraoficialmente se conoce que la Cancillería sigue de cerca los operativos en el norte argentino, en coordinación con autoridades departamentales de Tarija y Potosí.

Un cambio de doctrina
La activación del Plan Roca refleja un cambio de paradigma en la política de seguridad de Argentina. Durante años, las Fuerzas Armadas estuvieron limitadas por normativa a actuar solo ante amenazas militares extranjeras. Sin embargo, la actual administración ha optado por una visión más amplia, incluyendo al crimen organizado como amenaza a la soberanía y la seguridad nacional.

Según El Tribuno, el operativo también contempla el uso de tecnología de vigilancia, drones, radares y la colaboración de Gendarmería Nacional y Prefectura Naval, bajo la coordinación del Ministerio de Seguridad liderado por Patricia Bullrich.

En Salvador Mazza, durante un reciente acto oficial, Petri afirmó que «es imprescindible oponer a un crimen organizado, un Estado organizado en sus tres niveles», al tiempo que prometió fortalecer la presencia estatal en las fronteras.

La evolución del Plan Roca y su impacto en la región fronteriza será seguida atentamente desde Bolivia, donde sectores económicos y sociales ya advierten sobre las consecuencias de un cierre o endurecimiento de los controles en la frontera común.


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