Alerta Bolivia
28 de octubre de 2024 – El Gobierno argentino ha decidido intensificar su presencia en la frontera con Bolivia a través del envío de efectivos de la Prefectura Naval y más gendarmes hacia Aguas Blancas, como parte de lo que se ha denominado el Plan Güemes. Esta medida busca hacer frente al creciente desafío del crimen organizado y el narcotráfico que azota la región.

La reciente reunión entre el ministro de Seguridad y Justicia de Salta, Marcelo Ramón Domínguez, y la secretaria de Seguridad de la Nación, Alejandra Monteoliva, marcó el inicio de esta estrategia, la cual implica la llegada de más recursos humanos y tecnología para mejorar las acciones de vigilancia y control en la frontera norte. Durante la reunión, se discutieron las gestiones necesarias para ejecutar el plan y se evaluaron los lugares donde se instalarán los refuerzos federales.
En este contexto, las autoridades argentinas han identificado la necesidad de establecer una base naval en Aguas Blancas, considerando la cercanía del río Bermejo, que marca la frontera con Bolivia. Esta medida se toma en un momento crítico, donde se han registrado situaciones de violencia vinculadas al narcotráfico, afectando la seguridad tanto en Argentina como en el lado boliviano.
El gobernador de Salta, Gustavo Sáenz, ha enfatizado que este operativo se basa en estrategias exitosas implementadas en otras provincias argentinas, como Santa Fe. Este despliegue de fuerzas de seguridad busca no solo combatir el narcotráfico, sino también restaurar la confianza en la capacidad del Estado para garantizar la seguridad en la región.
A medida que estas acciones se implementan, es crucial que las autoridades bolivianas estén al tanto de los movimientos y decisiones que se tomen del lado argentino, para asegurar una coordinación efectiva en la lucha contra el crimen organizado que no respeta fronteras.
Las comunidades fronterizas, tanto en Argentina como en Bolivia, esperan que estos esfuerzos den frutos y que se logre una mayor seguridad en la región, al tiempo que se demanda un enfoque integral que incluya desarrollo social y económico para abordar las raíces del problema.
Con información de El Tribuno