Alerta Bolivia
Tarija, 5 de septiembre 2024
El asambleísta departamental por el Movimiento Al Socialismo (MAS), José Yucra, ha denunciado públicamente que la Asamblea Legislativa Departamental de Tarija enfrenta una grave crisis debido a la falta de recursos económicos, señalando directamente al Gobernador Óscar Montes como responsable de esta situación.
«El Gobernador está asfixiando a la Asamblea para que dejemos de funcionar», declaró Yucra en una conferencia de prensa, añadiendo que diversas instituciones y proveedores que prestan servicios a la Asamblea no han recibido sus pagos desde hace cinco meses. «Debemos por servicios básicos como luz y agua, así como a talleres mecánicos, proveedores de combustible y seguros para las movilidades», afirmó el asambleísta, alertando que esto afecta gravemente el normal funcionamiento de la institución.
Yucra destacó que la deuda acumulada por la Gobernación asciende a más de 600 mil bolivianos, lo cual pone en riesgo tanto el trabajo legislativo como la seguridad de los propios vehículos de la Asamblea, que se encuentran sin seguros. «Cualquier accidente o eventualidad será responsabilidad del Gobernador», advirtió.
Asimismo, el asambleísta denunció un trato discriminatorio hacia los miembros y trabajadores de la Asamblea, señalando que mientras los funcionarios de la Gobernación reciben sus salarios el primero de cada mes, el personal de la Asamblea debe esperar hasta el día 15 para recibir su pago. «Nos tratan como si fuéramos de segunda categoría», lamentó Yucra.
Pese a la crisis económica, el legislador aseguró que la Asamblea continuará con su labor de fiscalización, mencionando que algunos asambleístas han sido objeto de represalias por las investigaciones que llevan a cabo. «Mañana nos trasladamos a la provincia Gran Chaco con nuestros propios recursos, porque seguiremos cumpliendo con nuestra labor de fiscalización y denuncia, a pesar de las dificultades».
Finalmente, Yucra hizo un llamado al Gobernador Montes para que cumpla con su responsabilidad y transfiera los recursos económicos necesarios para el funcionamiento de la Asamblea, tal como lo establece la ley autonómica.