Un juez determinó la cesación de la detención preventiva del gobernador electo de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, en el caso del paro de los 36 días.
La noche del martes otro tribunal de La Paz decidió otorgar detención domiciliaria a la autoridad cruceña en el caso denominado Golpe de Estado I.
En tanto, en Santa Cruz, el Comité pro Santa Cruz y legisladores de Creemos, la agrupación de Camacho, instalaron un mitin de celebración de la medida judicial.
Luis Fernando Camacho
En audiencia virtual, el juez que lleva la causa benefició a la autoridad cruceña con la medida sustitutiva de detención domiciliaria. La misma medid fue concedida en el caso con jurisdicción en La Paz.
Camacho debe pagar una fianza de Bs 50.000 —la mitad que lo dispuesto en el caso Golpe de Estado I— y además cumplir con un arraigo.
En la audiencia por el caso del paro, el tribunal no definió un horario específico para que el gobernador Luis Fernando Camacho asista a su fuente laboral. Sin embargo, su abogado explicó que la autoridad judicial solicitó la documentación que acredite los tiempos de trabajo.
“De manera objetiva e imparcial, el tribunal ha obrado en justicia y ordenó la cesación de la detención preventiva, sustituyéndola por medidas menos gravosas”, declaró el abogado defensor.
Paro de 36 días
El caso del paro de 36 días mantiene una fuerte carga política. La medida cívica tuvo un impacto nacional y fue interpretada de manera distinta por el oficialismo y la oposición. El Gobierno sostiene que el movimiento buscaba desestabilizar al país. Mientras, los promotores del paro defienden que se trató de una acción legítima en defensa de la región y de un proceso censal transparente.
Entre octubre y noviembre de 2022, el llamado Comité Interinstitucional —conformado por al Comité pro Santa Cruz, la Gobernación y la Universidad Gabriel René Moreno— propiciaron la protesta por que el Censo de Población y Vivienda se lleve a cabo en 2023, no en 2024, como sucedió.
La manifestación se tornó violenta con al menos cuatro muertes. Además, la quema y asalto de sedes de la Federación de Campesinos o la Central Obrera Departamental. Además, ataques a ambulancias y vehículos de enfermeros en las rotondas.
Con información de La Razón
