Denuncian al Ministro de Gobierno y altos mandos policiales por no ejecutar orden de aprehensión contra Evo Morales

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Alerta Bolivia 

Lunes, 17 de febrero de 2025 – El abogado Cristian Tejada presentó una denuncia formal contra el ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, el comandante general de la Policía Boliviana, Augusto Juan Russo Sandoval, y el comandante departamental de la Policía en Tarija, Ángel Morales Calzadilla, así como contra el coronel Walter Sossa, director nacional de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC). La denuncia, interpuesta ante la Fiscalía de Santa Cruz, señala a estas autoridades por el presunto delito de incumplimiento de deberes.

Gobierno Autónomo Municipal de Tarija
Abogado Cristian Tejada

Según Tejada, las autoridades mencionadas no han ejecutado la orden de aprehensión contra el expresidente Evo Morales, a pesar de que el mandato judicial es de cumplimiento obligatorio. «Denuncio a estas tres autoridades por no proceder con la orden de aprehensión contra Evo Morales. La denuncia se encuentra por presunto incumplimiento de deberes», sostuvo el abogado.

El jurista fundamentó su denuncia en el artículo 154 del Código Penal, el cual establece que «quien omitiere realizar una disposición de una autoridad competente será sancionado con privación de libertad de uno a cuatro años». En este sentido, Tejada considera que la inacción de los denunciados podría constituir un acto de complicidad o, en su defecto, de negligencia en el ejercicio de sus funciones.

Tribunal Supremo Electoral

«Estamos haciendo que se cumpla la ley. Sabemos cómo se maneja la justicia y es posible que la denuncia sea rechazada o no admitida. Sin embargo, esto quedará como un precedente para que, en un futuro, el próximo Gobierno haga cumplir la ley y sancione a quienes han sido cómplices de una persona declarada rebelde y que debe presentarse ante la justicia», declaró Tejada.

La denuncia presentada por el abogado pone nuevamente en el centro del debate el accionar de las autoridades encargadas de hacer cumplir la ley y deja abierta la interrogante sobre las repercusiones legales que podrían enfrentar en caso de comprobarse su omisión en el cumplimiento de sus funciones.


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