Las denuncias revelan un patrón sistemático. El sacerdote y profesor Lorenzo Antonio F.V., radicado desde hace más de 15 años en el municipio de Pojo, en el Cono Sur de Cochabamba, es acusado de cometer violencia sexual contra menores de edad desde hace años. Dos de las víctimas ya son adultas y recientemente se conoció un caso que involucra a un adolescente, y se presume que existen más víctimas.
Lorenzo Antonio se encuentra con detención preventiva por seis meses en la cárcel de Arani, en el Valle Alto, imputado por abuso sexual y violación de infante, niño, niña o adolescente. Las víctimas relatan que fueron atacadas por este sacerdote cuando eran adolescentes; hoy son adultos. Según el fiscal departamental de Cochabamba, Osvaldo Tejerina, una de ellas vive en el extranjero, denunció la violación y su declaración anticipada se tomó en Cámara Gesell. Los hechos se remontan a varios años atrás, en 2018.
Pero todo indica que los abusos no fueron hechos aislados. En los últimos días salió a la luz el caso de un adolescente de 16 años, víctima del mismo sacerdote, que además era su profesor. Lo citó en su casa con el pretexto de hablar sobre sus calificaciones y, en ese contexto, sufrió el abuso. Sus padres notaron cambios en su comportamiento: ya no sonreía, andaba cabizbajo y pidió cambio de colegio. Finalmente, ante la insistencia de su madre, reveló que el sacerdote lo había agredido sexualmente y confesó tener miedo, porque había sido amenazado y sentía vergüenza. No quería que nadie más lo supiera, también aseguró que no era el único: sabía de otras víctimas.

El adolescente se sintió amenazado y sus padres no supieron cómo reaccionar. El 27 de agosto salió de su casa y no regresó, dejando una carta. Afligidos y desesperados, denunciaron su desaparición y contaron lo que él les había revelado sobre el sacerdote. Tras dos semanas de incertidumbre, finalmente el menor de edad fue ubicado.
Se espera que este caso, que avanza bajo reserva, se sume al proceso contra el sacerdote. Según el fiscal Tejerina, tomando en cuenta el tiempo que el cura vivió en Pojo, las investigaciones continúan en busca de otras posibles víctimas.
Al respecto, Pedro Lima, exjesuita y vocero de la Comunidad Boliviana de Sobrevivientes (CBS), exigió justicia para las víctimas. Señaló que los pobladores conocen al menos una decena de casos y llamó a los afectados a no sentirse culpables ni avergonzados: no fueron responsables del delito. También pidió a los padres que crean en sus hijos, recordando que algunos dudan de la autoría de un sacerdote, debido al “prestigio social desmerecido” que aún gozan. Sostuvo que el imputado debe recibir la pena máxima: 30 años de cárcel.
Enfatizó, además, que los abusos y violaciones cometidos por sacerdotes no son hechos del pasado; ocurren hasta hoy, y los casos denunciados en Pojo lo demuestran. Hace poco más de una semana, la CBS celebró la sentencia de un año de privación de libertad contra dos jesuitas exprovinciales de la Compañía de Jesús por encubrimiento, hallados culpables de ocultar los abusos sexuales cometidos por Alfonso “Pica” Pedrajas (+).
Por ahora, las investigaciones en Pojo siguen abiertas, mientras las víctimas claman justicia.
Con información de Opinión