Alerta Bolivia
Jueves, 06 de febrero de 2025 – La reciente desarticulación de una organización criminal en Salta, Argentina, dedicada al tráfico de drogas, ha puesto en evidencia las complejas redes del narcotráfico que operan en la frontera entre Bolivia y Argentina. La banda, liderada por Martina Oliva, ex Miss Orán, y su pareja Gustavo Joaquín «El Perro» Tolaba, utilizaba rutas clandestinas y una logística de alta precisión para transportar marihuana desde Aguas Blancas, en la frontera con Bolivia, hasta Salta Capital. Este caso ha reavivado las preocupaciones sobre el papel de Bolivia como punto de origen de cargamentos ilegales que alimentan el mercado narco en la región.
Modus operandi de la banda: rutas y estrategias
Según la investigación de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) de Argentina, la organización operaba con un esquema meticuloso. La droga ingresaba a Argentina desde Bolivia a través de pasos fronterizos clandestinos en Aguas Blancas, un punto crítico en la frontera compartida por ambos países. Una vez en territorio argentino, la carga era transportada en vehículos de alta gama, como camionetas Toyota Hilux y Volkswagen Amarok, así como automóviles como el Citroën C3, Volkswagen Polo y Volkswagen Virtus. Para evadir los controles de seguridad, la banda utilizaba rutas alternativas y estrategias de distracción.
La banda realizó al menos 34 viajes en los últimos meses, según los registros de la investigación. Los trayectos incluían paradas estratégicas en Orán, donde la droga era almacenada temporalmente antes de ser trasladada a Salta Capital. Para evitar los retenes de Gendarmería Nacional, la organización tomaba caminos rurales, prolongando el viaje a entre 6 y 7 horas, en lugar de las 2 horas habituales.
Conexiones con Bolivia: el origen de la droga
El caso ha puesto en relieve el papel de Bolivia como proveedor de drogas para redes criminales en la región. Aunque las autoridades bolivianas han intensificado los operativos antidrogas en los últimos años, la frontera con Argentina sigue siendo un punto vulnerable para el tráfico de estupefacientes. La marihuana incautada en este operativo, al igual que en casos anteriores, habría sido cultivada y procesada en territorio boliviano antes de ser transportada a Argentina.
Este hecho ha generado críticas hacia las políticas de control fronterizo en Bolivia. Organizaciones internacionales y expertos en seguridad han señalado la necesidad de fortalecer la cooperación bilateral entre Bolivia y Argentina para combatir el narcotráfico de manera más efectiva.
El operativo y las detenciones
El martes pasado, la PSA interceptó a los líderes de la banda, Tolaba y Oliva, junto a otros tres implicados, en las afueras de Salta Capital. Durante el operativo, se incautaron 15 kilos de marihuana y se descubrió una red de distribución que operaba desde el barrio 17 de Octubre en Salta. En allanamientos posteriores, se encontraron 6 millones de pesos argentinos en efectivo, balanzas digitales, envoltorios y una máquina contadora de billetes en la casa de José Burgos, uno de los detenidos.
La Justicia Federal de Argentina imputó a cinco personas por los delitos de transporte de estupefacientes agravado, tenencia de drogas con fines de comercialización y resistencia a la autoridad. Todos los acusados fueron enviados a prisión preventiva, mientras la investigación continúa para desentrañar posibles conexiones con otras redes criminales.
Implicaciones para Bolivia
Este caso ha generado un llamado de atención para las autoridades bolivianas, quienes enfrentan el desafío de fortalecer los controles en la frontera con Argentina. Expertos en seguridad han señalado que, aunque Bolivia ha logrado avances significativos en la erradicación de cultivos ilegales, la falta de infraestructura y recursos en zonas fronterizas facilita el tráfico de drogas hacia países vecinos.
El gobierno boliviano ha reiterado su compromiso con la lucha contra el narcotráfico y ha anunciado que intensificará los operativos en la frontera con Argentina. Sin embargo, organizaciones civiles y expertos insisten en que se requiere una estrategia integral que incluya no solo medidas de control, sino también programas de desarrollo económico para las comunidades fronterizas, que suelen ser vulnerables al reclutamiento por parte de redes criminales.
