Alerta Bolivia
Tarija, 07 de marzo 2025 – El diputado por Comunidad Ciudadana, José Luis Porcel, se refirió al debate sobre el incremento salarial para este año, destacando que, si bien sectores como las Centrales Obreras Departamentales (COD) y la Central Obrera Boliviana (COB) proponen un aumento entre el 10% y el 20%, es crucial considerar el impacto económico que esto podría tener en un contexto inflacionario.
Porcel, quien también es economista, explicó que, según datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), la inflación en Bolivia alcanzó el 10% en el último año. Sin embargo, señaló que, en la práctica, este indicador ha superado los dos dígitos, lo que representa un riesgo para la estabilidad económica del país.
«Un incremento salarial por encima del 10% podría agravar la inflación, ya que, históricamente, cuando los salarios suben, los precios también lo hacen. Esto nos llevaría a un escenario similar al de la hiperinflación de los años 80, que afectó gravemente a todos los bolivianos», advirtió el legislador.
Porcel enfatizó que, más allá de un aumento salarial, es fundamental que el Gobierno fomente la producción nacional para evitar presiones inflacionarias. «Si no hay suficiente oferta de bienes y servicios en el mercado, la demanda aumenta y, con ella, los precios. Por eso, es esencial impulsar la producción para equilibrar la economía y proteger a las familias de ingresos bajos», explicó.
Además, el diputado criticó la falta de una negociación tripartita entre el Estado, los empresarios y los trabajadores, tal como lo establece el artículo 131 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT). «Lamentablemente, desde los tiempos de Evo Morales, solo participan el Gobierno y la Central Obrera, ignorando a los empresarios, quienes son los que finalmente asumen los costos de los incrementos salariales», señaló.
Impacto en el sector privado
Porcel alertó que un aumento salarial no solo afecta el pago de los 13 sueldos anuales (12 meses más aguinaldo), sino que también incrementa los costos asociados al bono de antigüedad, las indemnizaciones y las previsiones para beneficios sociales. «En total, un empleado puede costarle a una empresa entre 15 y 16 sueldos al año. Esto representa una carga adicional para las empresas privadas, muchas de las cuales ya están afectadas por la difícil situación económica», afirmó.
Finalmente, el diputado hizo un llamado a buscar un equilibrio entre las demandas de los trabajadores y la capacidad de las empresas. «Es necesario un diálogo serio y responsable que considere todos los factores económicos para evitar medidas que estrangulen aún más al sector privado y, por ende, a la economía nacional», concluyó.