El candidato a la presidencia por Nueva Generación Patriótica (NGP), Jaime Dunn, presentó este lunes ante el Tribunal Supremo Electoral (TSE) un certificado de solvencia fiscal, emitido por la Contraloría General del Estado, con el objetivo de ser habilitado oficialmente como postulante para las elecciones generales.
“Nunca ha habido deudas pendientes con el Estado y aquí dice ‘no presenta información inscrita en su contra’, que es la resolución de la Contraloría; el proceso de habilitación ahora es mediante resolución de sala plena, sobre esto tendrán que evaluar, queda claro ante todos ustedes y ante el pueblo”, expresó el candidato en puertas del Tribunal Supremo Electoral (TSE).
“Por supuesto que debo ser habilitado, debía haber sido habilitado con toda la información que se había presentado previamente; no existe ninguna razón por la cual se podría cuestionar”, expresó el economista a los medios.

Dunn aseguró que el documento confirma que no tiene obligaciones pendientes con el Estado, y consideró que no existen motivos para impedir su habilitación. “Este certificado de información sobre solvencia con el fisco dice ‘no presenta información en su contra’, y es lo que se certifica a la fecha como un documento emitido por la Contraloría General del Estado”, insistió.

El aspirante presidencial enfatizó que el certificado cumple con todos los requisitos legales exigidos y descartó cualquier observación sobre supuestas deudas. “No existe ninguna razón por la cual se podría cuestionar el hecho de que el pago todavía esté vigente, o el pago de alguna deuda exista”, sostuvo.
Antes, este mismo lunes, manifestó que presentaría un “recurso administrativo de revisión extraordinaria”.
Según Dunn, “por una extraña razón”, en su evaluación, el Órgano Electoral no revisó todo el documento y los cuadros que, insiste, demuestran que no tiene deudas pendientes.
El pasado 2 de julio, el TSE determinó este miércoles inhabilitar la inscripción de Dunn debido a que un informe de la Contraloría no comprobó su solvencia fiscal. El analista financiero tenía un plazo de cinco días para impugnar la determinación.
Con información de Visión 360