Alerta Bolivia
Tarija, 07 de abril de 2025 – El gerente general de la empresa Industrial Nordam, embotelladora autorizada de las marcas “Agua Rica” y “Gran Pureza”, Rudy Noriega, expresó su preocupación ante la falta de control por parte de las autoridades sobre el funcionamiento de embotelladoras que presuntamente operan de forma ilegal en el municipio de Tarija.
Según Noriega, en los últimos meses se ha registrado una alarmante proliferación de nuevas empresas dedicadas a la distribución de agua en botellones, muchas de las cuales estarían comercializando sus productos a precios «ridículos» que oscilan entre los 8 y 10 bolivianos, sin cumplir con las mínimas normas de higiene, infraestructura ni requisitos legales exigidos por el Servicio Nacional de Sanidad Agropecuaria e Inocuidad Alimentaria (SENASAG), el Servicio Departamental de Salud (SEDES) y la Intendencia Municipal.
“Nosotros, como empresa legalmente establecida y con 27 años de experiencia, cumplimos rigurosamente con todas las normas. Lo preocupante es que muchas de estas nuevas empresas no cuentan ni siquiera con licencia de funcionamiento, y aun así operan libremente por toda la ciudad”, denunció.
El empresario aseguró que actualmente existen cerca de 60 embotelladoras en la ciudad de Tarija, de las cuales aproximadamente 35 operarían sin cumplir con los requisitos mínimos. Además, advirtió que estas plantas no solo producen agua, sino también hielo y jugos, productos que son distribuidos en diversos puntos de venta sin control alguno.
Noriega también criticó la falta de fiscalización por parte de las instituciones encargadas. “A nosotros nos han fiscalizado dos veces solo este año, lo cual está bien porque demuestra que cumplimos. Pero no se trata de revisar siempre a las mismas empresas formales. Se trata de actuar con equidad y exigir los mismos estándares a todos”, afirmó.
Finalmente, adelantó que, de persistir esta situación, presentará una denuncia formal ante el Ministerio Público por el presunto incumplimiento de deberes por parte de las instituciones responsables del control sanitario y comercial.
“La salud de la población está en riesgo. No podemos permitir que se sigan distribuyendo productos de dudosa calidad sin que nadie diga nada”, concluyó.