En medio de una crisis persistente por la escasez de combustibles, Alejandro Santos, actual ministro de Minería, lanzó una dura advertencia sobre el impacto del bloqueo legislativo en la economía del país. En una breve pero contundente declaración, responsabilizó a los parlamentarios por no aprobar los créditos internacionales que permitirían importar combustibles y normalizar el suministro.
“Sin combustible nadie se mueve, ¿no es cierto?”, dijo Santos en contacto con medios. “Pero estoy expresando que, mediante Diosito y la decisión del presidente, tendríamos que ir normalizando, pero las filas ahora van aumentando por la no aprobación de los créditos que están durmiendo años y años en el Parlamento Nacional”, denunció.
La autoridad fue más allá al admitir que la situación ya está desbordada. “No garantizamos porque hemos indicado ya hace semanas atrás. Está fregado. ¿Qué hay que hacer entonces? Estamos fregados, hermano”, declaró, graficando con crudeza la magnitud del problema.
Según datos del propio Gobierno, YPFB apenas está logrando mantener el despacho de combustibles en los niveles mínimos requeridos, mientras los surtidores de ciudades como La Paz, El Alto, Cochabamba y Santa Cruz reportan colas de hasta 10 horas. En varios puntos del país, el GLP también comienza a escasear.
Santos, que también advirtió sobre los tiempos que conllevan las gestiones para importar carburantes, lamentó que las soluciones estructurales no lleguen a tiempo. “Es culpa de los hermanos asambleístas, en su momento era. Y ahora es tarde porque hacer la gestión no es de la noche al amanecer”, agregó.
Finalmente, el dirigente pidió mirar más allá del corto plazo: “Mediante Dios yo creo que vamos a llegar a las elecciones y el que venga… vean pues los candidatos soluciones estructurales”, remató, dejando en claro que el país necesita un nuevo pacto energético que trascienda el actual conflicto político.
Bolivia atraviesa una crisis de abastecimiento de combustibles agravada por la falta de divisas y la paralización de créditos externos en la Asamblea Legislativa. Según analistas económicos, el modelo de subvención estatal se encuentra al límite, y sin una reestructuración del sistema energético, el país corre el riesgo de parálisis productiva y social. La incertidumbre crece en un año marcado por las elecciones presidenciales, previstas para agosto.
Con información de El Deber
