Alerta Bolivia
Tarija, 04 de octubre de 2024

La doctora Pamela Ovando, la única fiscal del equipo que investigaba el caso de Evo Morales que no fue destituida, aseguró que la investigación por trata y tráfico de personas contra el expresidente continúa activa y se encuentra en una etapa preliminar. Este caso, tipificado en el artículo 281 bis del Código Penal, sigue su curso dentro del marco legal y no ha sido cerrado.
Ovando explicó que la orden de aprehensión emitida contra Morales cumplió con todos los requisitos establecidos en la normativa. “De hecho, todos los medios de comunicación han recibido una copia de la resolución de aprehensión, la cual está debidamente fundamentada. Esta decisión fue tomada tras una exhaustiva valoración de todos los elementos y circunstancias del caso”, subrayó. Cabe mencionar que esta resolución fue entregada a la doctora Sandra, como ella misma ha señalado, en todos sus ejemplares en un sobre. Desconocemos los motivos por los cuales no se ha ejecutado en estos cinco días.
Sin embargo, la ejecución de esta orden fue interrumpida por una acción de libertad presentada por la defensa de Morales. “Aunque se emitió esta acción, aún no he sido notificada oficialmente sobre su resultado, lo cual debería haber sucedido en un plazo de 24 horas. La única información que tengo hasta ahora proviene de los medios de comunicación, que han señalado algunos errores. En la resolución emitida contra Juan Evo Morales se incluyó el delito de estupro agravado, pero el delito principal que se investiga es el de trata de personas. “Nosotros no investigamos delitos, sino hechos, y en cuanto a la relación de estos, no hay errores. Según el procedimiento adecuado, la resolución de aprehensión debía haberse ejecutado sin contratiempos, ya que no existían motivos para su retraso”.
Ovando enfatizó que la investigación se lleva a cabo en estricto apego a la legalidad, señalando que están en el séptimo día de esta indagatoria. “Lamentablemente, no puedo proporcionar detalles específicos sobre el proceso, ya que la Ley 263 sobre trata y tráfico de personas establece claramente la reserva de información. Esto incluye la protección de la identidad de las víctimas y la confidencialidad de los procedimientos”, afirmó.
A pesar de las limitaciones en cuanto a la divulgación de información, la fiscal aseguró que todas las medidas necesarias para proteger a las víctimas han sido implementadas. “La seguridad y la integridad de las víctimas son primordiales en cualquier proceso de trata de personas. Hemos emitido resoluciones de protección y estamos tomando las acciones adecuadas para garantizar su bienestar”, expresó.
Al ser consultada sobre por qué ella no fue retirada del caso, a diferencia de otros fiscales, la Dra. Ovando aclaró: “Soy fiscal de materia institucionalizada desde hace más de once años y he estado al frente de la Unidad de Trata y Tráfico durante más de un año. Mi compromiso ha sido siempre trabajar dentro del marco de la normativa jurídica del Estado Plurinacional”.
Finalmente, reafirmó que, a pesar de los obstáculos y las complicaciones que puedan surgir, la investigación no se detendrá. “El caso continúa aquí en Tarija, y estoy comprometida a seguir liderando esta investigación hasta alcanzar una resolución adecuada”, concluyó.