Alerta Bolivia
Jueves, 31 de julio de 2024.- El Gobierno de la provincia de Salta, Argentina, ratificó su decisión de cobrar por los servicios de salud pública a ciudadanos extranjeros no residentes, una medida que impactará directamente en cientos de bolivianos que históricamente acudían a esa región fronteriza en busca de atención médica, especialmente en casos de partos y tratamientos de urgencia.
Según reporta el medio argentino Qué Pasa Salta (QPS), el secretario de Servicios de Salud de la provincia, Martín Monerris, defendió la decisión afirmando que se busca frenar el denominado “tour sanitario”, donde personas de países vecinos ingresaban a territorio argentino para recibir atención gratuita sin retribución al sistema provincial.
“Venían, se subían a una combi, recibían atención médica gratuita y se iban, sin que hubiera una retribución económica para la provincia”, declaró Monerris al justificar la disposición que ya está en vigencia.
Tarifas elevadas para partos y tratamientos
El nuevo esquema tarifario establece montos elevados para la atención de ciudadanos extranjeros sin residencia legal:
- Parto natural: hasta 500.000 pesos argentinos.
- Cesárea: 655.000 pesos.
- Terapia neonatal: 350.000 pesos diarios.
- Internación general: 95.000 pesos diarios.
La disposición ha generado malestar, principalmente entre ciudadanos bolivianos y paraguayos, quienes acuden frecuentemente al sistema de salud salteño debido a la cercanía geográfica y los bajos costos en comparación con clínicas privadas de Bolivia.
Monerris reconoció que muchas mujeres extranjeras llegan a Salta con la intención de dar a luz, lo que automáticamente otorga nacionalidad argentina a los recién nacidos. “Eso está bien, pero afecta los recursos que tenemos para asistir a los salteños con su documentación en regla”, remarcó.
Repercusiones en Bolivia
En regiones fronterizas como Tarija, donde se registran constantes traslados de pacientes a hospitales de Orán o Salta capital, la medida podría obligar a muchas familias a replantear su acceso a servicios de salud, especialmente en emergencias obstétricas o tratamientos neonatales.
Organizaciones civiles y defensores del derecho a la salud han expresado preocupación por el impacto social que esto podría tener, considerando la precariedad del sistema público en algunos municipios bolivianos.
El gobierno salteño, por su parte, asegura que la decisión busca garantizar la sostenibilidad del sistema de salud local y priorizar la atención de los residentes.
