Alerta Bolivia
Viernes, 08 de agosto de 2025.- La Justicia Federal de Argentina destapó esta semana —según reportó el diario argentino El Tribuno de Salta— una compleja red de contrabando de mercadería que operaba desde una finca en la localidad de Aguas Blancas, provincia de Salta, a pocos kilómetros de la frontera con Bolivia. De acuerdo con la investigación, el lugar se convirtió en una “playa de transferencia” por donde cruzaban todo tipo de productos —incluso vehículos— mediante gomones a través del río Bermejo, con destino a territorio boliviano para abastecerse de toda clase de mercadería y regresar por el mismo punto hacia la Argentina.
El operativo derivó en la imputación y prisión preventiva de once personas, entre ellas una funcionaria policial argentina. La jueza federal de Garantías de Tartagal, Ivana Hernández, ordenó además la clausura total del predio y dispuso vigilancia permanente por parte de Gendarmería Nacional, luego de corroborarse el movimiento diario de cientos de vehículos involucrados en esta actividad ilegal que generaba ingresos millonarios, según detalló El Tribuno.
El caso tiene una arista que afecta directamente a Bolivia: uno de los principales sindicados, Alfredo Salazar, señalado como nexo clave del contrabando, residiría actualmente en territorio boliviano, desde donde coordinaba el envío de mercadería ilegal. Su detención aún está pendiente, de acuerdo con las autoridades argentinas citadas por el medio salteño.
Paso clandestino con ingreso de mercancías y salida de productos bolivianos
El fiscal federal Marcos Romero detalló a El Tribuno que la finca —identificada como “Karina”— estaba ubicada a solo dos kilómetros del centro de Aguas Blancas y acondicionada como puerto informal. Desde allí se realizaban cruces diarios por el río Bermejo, desde Bolivia hacia la Argentina, con mercadería de todo tipo, incluyendo alimentos, electrodomésticos e incluso automóviles.
Según estimaciones de la Dirección General de Aduanas argentina (DGA), citadas por el periódico, el valor en plaza de los productos que pasaban por ese punto de contrabando supera los 2.975 millones de pesos argentinos al año (más de 19 millones de dólares), con un promedio diario de ingreso de 300 vehículos, cada uno transportando hasta diez bultos.
Implicados con conexiones familiares y estructuras organizadas
Entre los imputados figuran José Suárez y los hermanos Cardozo (Francisca, Carmen y Jorge), además de otros ciudadanos identificados como operadores logísticos del contrabando. La investigación apunta a que el control de acceso a la finca, la supervisión de los cruces por el río y hasta los puestos de comida en el predio estaban organizados como parte de un esquema criminal bien estructurado.
En los registros presentados por la fiscalía se identificaron dos puntos de cobro: uno en el ingreso, donde se pagaban 2.000 pesos por vehículo, y otro en la playa del río, con un cobro adicional de 1.000 pesos por bulto. Las ganancias diarias se estimaban en más de 3,7 millones de pesos, informó El Tribuno.
Bolivia en la mira: piden cooperación internacional
El hecho de que uno de los jefes de esta estructura ilegal tendría residencia en Bolivia pone nuevamente en evidencia los desafíos en el control de pasos fronterizos y la urgencia de mayor coordinación entre autoridades bolivianas y argentinas para combatir el contrabando transnacional.
Este caso, reportado por El Tribuno de Salta, pone en la agenda regional el funcionamiento de corredores clandestinos a lo largo del río Bermejo, una ruta crítica por donde diariamente se mueve mercadería sin control aduanero, perjudicando tanto al Estado boliviano como al argentino.
Las autoridades judiciales argentinas no descartan solicitar asistencia jurídica internacional para avanzar con las detenciones pendientes, lo que podría incluir pedidos de extradición si se comprueba que los implicados están en Bolivia.
