Alerta Bolivia
Tarija, 06 de noviembre de 2024 – En una reciente conferencia de prensa, el Gobernador de Tarija, Óscar Montes, propuso la eliminación de la subvención a los hidrocarburos debido a la crisis económica que atraviesa el país. Sin embargo, su propuesta ha generado fuerte rechazo, ya que implicaría un aumento en el precio de los productos básicos, afectando principalmente a las familias más vulnerables.
El Gobernador argumentó que el país ya no tiene los recursos para mantener la subvención, ya que no existe el dinero suficiente proveniente de las exportaciones de gas. Según Montes, la solución sería liberar el mercado de hidrocarburos, permitiendo a los privados importar combustible libremente, lo que pondría fin a la política de precios bajos para el combustible.
“¿Cuál es la razón por la que no hay combustible en el país? Simplemente no hay dinero para seguir subvencionando, por lo tanto, el Gobierno tiene que liberar el mercado,” explicó Montes en su intervención.
Sin embargo, este planteamiento ha sido duramente criticado, especialmente por aquellos que advierten que la eliminación de la subvención de combustibles provocaría un aumento significativo en el costo de los productos de primera necesidad, como alimentos, medicamentos pasajes de transporte público etc, lo cual afectaría aún más a las familias de bajos recursos, quienes ya atraviesan situaciones difíciles debido a la inflación y la crisis económica.
Economistas y representantes de sectores sociales han señalado que, aunque el modelo de subvención ya es insostenible, la forma en que el Gobernador ha planteado la eliminación de dicha subvención carece de una visión social que proteja a los más desfavorecidos. “Eliminar la subvención de combustibles no es solo una medida económica, es una decisión que va a afectar directamente a las familias que ya están luchando para cubrir sus necesidades básicas. El Gobernador está pidiendo que paguemos el precio de una crisis que no hemos generado,” manifestó un representante de los trabajadores.
Además, se teme que esta medida pueda provocar un desajuste aún mayor en la economía, incrementando aún más la desigualdad social y generando una mayor presión sobre los sectores más vulnerables, que dependen de los precios accesibles de los productos esenciales.