Alerta Bolivia
Tarija, 11 de diciembre de 2024 – En una reunión desarrollada el día de ayer en la ciudad de Tarija, el movimiento cívico nacional emitió un contundente pronunciamiento sobre temas económicos y sociales que afectan al país. Durante el encuentro, liderado por representantes cívicos de todo el territorio boliviano, se abordaron diversas problemáticas, destacando el rechazo al Presupuesto General del Estado (PGE) 2025 y la exigencia de reformas estructurales en el país clave.
Jesús Gira, presidente del Comité Cívico de Tarija, inició el pronunciamiento señalando la necesidad de implementar un plan de austeridad nacional que elimine el despilfarro y priorice el desarrollo regional. “Estamos pidiendo un plan ajustado que contemple la eliminación de gastos innecesarios. Rechazamos el presupuesto porque es centralista y despilfarrador, y no responde a las necesidades actuales del país”, manifestó Gira.
Además, se trató el tema de las elecciones judiciales. Los cívicos demandaron que el proceso de renovación de magistrados sea integral y se lleve a cabo en un solo acto para evitar gastos excesivos. “Hacer dos elecciones parciales no solo es ineficiente, sino que también representa un uso desmedido de recursos. La primera elección está presupuestada en 204 millones de bolivianos, y realizar una segunda duplicaría el gasto, algo inadmisible en la situación económica que vivimos”, explicó Gira.
Por su parte, Raúl Solano, director de Asuntos Jurídicos del Comité Cívico de Tarija, dio lectura a la resolución emitida por el movimiento, destacando los principales puntos:
- Rechazo al Presupuesto General del Estado 2025: Calificaron el presupuesto como centralista y señalaron que mantiene empresas públicas deficitarias, no reduce el gasto público y afecta a las autonomías departamentales.
- Exigencia de un nuevo padrón electoral: Indicaron que el actual presenta serias observaciones por parte de instituciones nacionales e internacionales, por lo que resulta imprescindible una actualización basada en los datos del último censo.
- Nuevo pacto fiscal: Demandaron una redistribución justa de los recursos hacia departamentos, municipios y universidades, priorizando proyectos de desarrollo regional.
- Plan Nacional de Austeridad: Solicitaron reasignar recursos a sectores estratégicos como salud, educación y desarrollo productivo, además de la abrogación de la Ley 376 que establece rentas vitalicias para expresidentes y exvicepresidentes.
El movimiento también expresó su preocupación por el suministro de combustible, las restricciones a las exportaciones y el rol de las empresas estatales, que en su mayoría generan déficits significativos. Propusieron la realización de una cumbre económica nacional con la participación de actores públicos y privados para buscar soluciones estructurales a la crisis económica.
Asimismo, hicieron énfasis en la situación del Tribunal Constitucional Plurinacional, cuestionando la prórroga de magistrados en sus funciones. Denunciaron que esta práctica vulnera principios jurídicos fundamentales y exigieron que Tarija sea tomada en cuenta en la administración de justicia a nivel nacional.
El movimiento cívico reafirmó su compromiso con el desarrollo económico y social del país, advirtiendo que mantendrán su postura firme en defensa de las demandas de la población boliviana.