Alerta Bolivia
Tarija, 22 de septiembre de 2025.- Un hombre de 22 años fue absuelto recientemente en Tarija, luego de permanecer detenido preventivamente durante más de un año y medio bajo la acusación de violación a una menor. La defensa, representada por el estudio Garzón & Vázquez, demostró que la denuncia era falsa, lo que provocó su liberación y reactivó el debate sobre denuncias infundadas en procesos judiciales, informó Play Noticias.
La abogada defensora, Dra. Garzón, explicó que el proceso concluyó con un fallo absolutorio después de que se probara que la denuncia carecía de veracidad.
“La propia menor admitió haber mentido en este caso y en otra denuncia similar contra otro sujeto, lo que permitió al tribunal establecer la inocencia de nuestro defendido”, señaló.
El acusado permaneció privado de libertad en el penal de Morros Blancos desde 2023, mientras avanzaba la investigación. Según la defensa, las declaraciones de la menor respondieron a motivos personales, principalmente para llamar la atención de sus padres y familiares, lo que —argumentan— ocasionó un grave perjuicio al procesado y a su entorno.
Por su parte, la Dra. Fabiana Vázquez cuestionó el accionar de fiscales y jueces que, pese a la falta de pruebas suficientes, mantuvieron la acusación.
“Existe una tendencia a procesar automáticamente cuando se trata de menores, sin valorar adecuadamente la prueba. Este tipo de casos evidencian la necesidad de ajustes en la normativa y de mecanismos de indemnización para los inocentes que fueron privados de libertad injustamente”, manifestó.
La defensa anunció que ahora buscará una cesación anticipada de la detención preventiva en otro proceso abierto contra esta persona, también derivado de una denuncia de la misma menor, quien incluso lo acusó de haber abusado de su hermana menor. El juicio de este segundo caso está programado para 2026.
“Son los mismos elementos y ya contamos con prueba extraordinaria. Esperamos que el tribunal valore de manera objetiva y pueda resolver su libertad definitiva”, enfatizó Garzón.
Este caso ha reavivado el debate sobre la necesidad de introducir sanciones contra las denuncias falsas y de reformar la Ley 348, con el fin de equilibrar la protección a las víctimas y las garantías procesales de los acusados.