Alerta Bolivia
Tarija, 9 de septiembre de 2024
En los últimos años, se ha reportado un preocupante incremento en los casos de denuncias falsas presentadas por mujeres bajo la Ley 348, inicialmente promulgada para proteger los derechos de las mujeres y erradicar la violencia de género. Sin embargo, según diversas organizaciones, esta legislación está siendo utilizada de manera abusiva, con fines de venganza o extorsión, lo que ha afectado gravemente a muchos hombres.
Vania Ledezma, representante del movimiento Nueva Visión para Bolivia, que brinda apoyo a víctimas de denuncias falsas bajo esta normativa, expresó su preocupación: «Hemos detectado un creciente uso de la Ley 348 como una herramienta de lucro. Hay mujeres que presentan denuncias falsas por venganza o para extorsionar a sus exparejas, y lamentablemente, muchas de estas denuncias prosperan en el sistema judicial». Ledezma destacó que, en Tarija, existen al menos 10 casos documentados en los que hombres han sido privados de libertad injustamente, con pruebas manipuladas e incluso el uso de menores obligados a declarar en contra de sus padres.
Además, la activista reveló que este problema no solo afecta a Tarija, sino que se ha extendido a nivel nacional. «Entre 2022 y 2024, el número de personas privadas de libertad a nivel nacional ha aumentado de 19,300 a 30,659, lo que representa un incremento significativo. Este aumento se ha observado en el contexto de denuncias bajo la Ley 348. Se sospecha que este incremento se debe en parte al abuso de la ley, ya que en muchos casos se ha usado para vengarse o extorsionar a los denunciados. Este abuso podría estar impulsando el aumento en el número de personas encarceladas.»
Las organizaciones que luchan contra este abuso exigen reformas urgentes en la Ley 348, proponiendo sanciones más severas para quienes presenten denuncias falsas. «No es justo que alguien pueda destruir la vida de otra persona mediante una mentira, y estas acciones deben ser castigadas con todo el rigor de la ley», indicó Ledezma.
Asimismo, solicitaron que se realicen auditorías en los casos para evitar más injusticias. «Los operadores de justicia deben ser más rigurosos en la evaluación de las pruebas, y quienes manipulen el sistema para su beneficio personal deben ser sancionados», concluyó.