Alerta Bolivia
Tarija, 15 de mayo de 2025 – La Cooperativa de Servicios de Agua y Alcantarillado de Tarija (COSAALT) enfrenta una sanción administrativa que supera los 3 millones de bolivianos, como consecuencia de una serie de negligencias cometidas entre los años 2013 y 2023, según denunció el presidente del Consejo de Vigilancia, Juan José Peca.
La multa impuesta por la Gobernación de Tarija se debe a la falta de presentación oportuna del Informe de Monitoreo Ambiental (IMA) durante diez años consecutivos, a pesar de que existían requerimientos formales de subsanación que nunca fueron atendidos. Según Peca, los principales responsables de esta situación serían el exgerente José Luis Patiño y la expresidenta del Consejo de Administración, Faviola Ríos.
“Esta sanción no es de ahora, viene de una década de descuidos. La Gobernación ya había notificado en reiteradas ocasiones sobre las fallas en los informes ambientales, pero nunca se subsanaron. La responsabilidad recae en la gestión de Patiño y Ríos, no se puede seguir intentando deslindar culpas”, expresó.
Peca también informó que el 27 de mayo de 2024 vencía el plazo para presentar un recurso jerárquico que podía haber frenado temporalmente la sanción, pero la actual administración contrató a un abogado un día después, el 28 de mayo, por un monto de más de 19.000 bolivianos, sin lograr resultados. “Todo se hizo tarde, todo fue negligente”, lamentó.
Además, se conoció que existe una segunda sanción superior a los 500.000 bolivianos por no presentar el informe IMA de la gestión 2023, lo que agrava aún más la situación financiera de la cooperativa. De no cancelarse estos montos hasta el viernes, COSAALT podría enfrentar el embargo de sus bienes.
“Estos recursos deberían haberse destinado a obras como el proyecto tripartito de agua potable y alcantarillado para barrios que lo necesitan, pero ahora tendremos que cubrir una deuda heredada”, señaló.
Ante este panorama, el Consejo de Vigilancia anunció que iniciará una acción de repetición para recuperar el dinero público a través de un proceso judicial contra los exejecutivos responsables. Peca confirmó que ya existe una denuncia ante el Ministerio Público, y exigió que la Fiscalía acelere las acciones para evitar una pérdida irreparable para la cooperativa y sus socios.