El Trópico de Cochabamba, bastión político del expresidente Evo Morales, permanece sin presencia policial después de que los uniformados se retiraran de esa región en medio de violentas protestas de organizaciones afines al exmandatario, a principios de este mes.
El ministro de Gobierno, Roberto Ríos, informó el fin de semana que el retorno de la Policía al Trópico “está condicionado a que se asegure la protección de los uniformados y de sus familias que han sido objeto de amenazas constantes por parte de sectores evistas”.
En medio de esta ausencia policial, la pasada semana se conoció del linchamiento de un grupo de personas acusadas del robo de vehículos en la población de Shinahota. Según información oficial del Gobierno, dos sindicados murieron y tres todavía permanecen heridos y retenidos.
El viceministro de Régimen Interior, Jhonny Aguilera, afirmó este lunes que “estas muertes no pueden quedar impunes” y consideró que existe “una perpetuación de la violencia” mediante la usurpación funciones a través de una supuesta aplicación de la “justicia comunitaria”.
La autoridad aseguró en el Trópico hay “un control político del territorio, que impide que la Policía y los órganos encargados de la persecución penal puedan sentar presencia del Estado”.
Protección al narcotráfico
Aguilera, en un contacto con el canal estatal, dijo que ese control político del territorio «se traduce fundamentalmente en la expulsión de la Policía como un interés de mantener una autonomía frente a intervenciones estatales, que son percibidas como amenazas al poder local”.
Entonces, “desde nuestra perspectiva, esos asesinatos y aquellas conductas delictivas están relacionados con la expulsión de la Policía porque lo que se pretende es una protección a actividades ilícitas”, insistió.
Hace unos días, se informó que los efectivos antidroga realizaron la destrucción de 48 fábricas móviles destinadas a la elaboración de cocaína base en el municipio de Villa Tunari, del Trópico.
Este hecho “quiere decir que existe una vinculación con el narcotráfico. La resistencia a la Policía, a la presencia del Estado, pretende evitar el control sobre estas actividades ilícitas. Ahora, el uso excesivo de la violencia, como las torturas y empleo de gasolina, es pues una evidencia de los métodos violentos que están asociados a la presencia de estas organizaciones paraestatales en el Trópico de Cochabamba”, señaló.
El viceministro indicó que se trata de hechos de violación de derechos humanos porque se realizaron “ejecuciones extrajudiciales que niegan el debido proceso”.
“Similar circunstancia pasa con quienes se oponen a los mandatos políticos que se colocan en esa región, que significa, no solo inseguridad, sino una desestabilización social que se caracteriza por la generación del miedo y ciclos de violencia que se dan alrededor de ese contexto social caracterizado por la presencia de organizaciones paraestatales que quieren un impacto político”, ratificó.
Con información de El Deber