Alerta Bolivia
Tarija, 30 de julio de 2024
En respuesta a la creciente escasez de abastecimiento en el país, Luis Fernando Romero, Presidente del Colegio de Economistas de Tarija, ha expresado su preocupación por la actual política de subvención de carburantes, calificándola de insostenible y distorsionadora de la economía nacional.
Romero señaló que la economía boliviana opera bajo un sistema de precios de carburantes que no refleja su verdadero costo de mercado, lo que resulta en una distorsión significativa. «El precio real que deberíamos pagar por el diésel y la gasolina es mucho más alto que los actuales. Esta situación es insostenible, especialmente con los bajos ingresos fiscales y la disminución de entrada de divisas,» explicó.
El presidente del Colegio de Economistas también mencionó que la política de subvención, vigente por casi 30 años, ha sido mal aplicada. «Originalmente, la subvención estaba destinada a sectores sociales con bajos o medios ingresos, pero se ha extendido a toda la población, distorsionando nuestra economía con precios subestimados. Si pagáramos el precio real, el costo del diésel y la gasolina estaría cerca de los 10 bolivianos,» dijo Romero.
Romero advirtió sobre las complicaciones de modificar la subvención en el contexto actual. «El gobierno enfrenta una coyuntura inflacionaria y preelectoral, lo que dificulta tomar decisiones impopulares como la reestructuración de las subvenciones. Esta política energética, aunque necesaria, generaría conflictos políticos, sociales y económicos,» afirmó.
El economista también destacó el impacto negativo de la subvención en actividades ilícitas. «Se estima que alrededor de 500,000 vehículos ‘chutos’ están siendo subvencionados, beneficiando indirectamente al contrabando, el narcotráfico y la minería ilegal. Estas actividades no solo afectan la economía, sino que también generan daño ambiental y desvían recursos fiscales,» concluyó.
Romero instó a una revisión gradual y diferenciada de las subvenciones para minimizar el impacto negativo en la economía y garantizar una transición más sostenible.