Alerta Bolivia
Tarija, 01 de octubre de 2025.- La fiebre por los vehículos indocumentados —conocidos como autos chutos— vuelve a poner bajo la lupa a la Policía Boliviana. Un ciudadano tarijeño denunció haber sido víctima de un esquema de extorsión que involucra a efectivos policiales de Oruro, Potosí y Tarija, quienes presuntamente cobraron sumas de dinero para permitir el traslado y posterior retención de su vehículo.
El denunciante relató a la página Tarija Conecta que decidió comprar un automóvil en Oruro por 12.000 bolivianos, motivado por las promesas de nacionalización realizadas por algunos candidatos a la presidencia.
“Allá la venta es libre, incluso con placas, inspección técnica y B-SISA. Por 1.500 bolivianos adicionales me entregaron todo listo para circular”, explicó.
Sin embargo, en el trayecto hacia Tarija, la situación cambió drásticamente. Según su testimonio, en la tranca de Potosí un policía identificado como “oficial Colque” le exigió 5.000 bolivianos para dejarlo continuar, pago al que tuvo que acceder. “Tengo una grabación en la que se escucha cuando recibe el dinero”, aseguró.
La historia no terminó allí. Ya en Tarija, luego de mantener el vehículo oculto en su domicilio durante cuatro meses, un día decidió sacarlo y, en la localidad de San Lorenzo, fue interceptado por personal de DIPROVE, quienes lo trasladaron a sus oficinas en la EPI de Moto Méndez. El ciudadano afirma que fue presionado para apagar su celular y que, dentro de la oficina, le exigieron 5.000 dólares para devolverle el auto, monto al que no accedió. Posteriormente, tras supuestamente hablar con un oficial de mayor rango, la cifra se redujo a 3.000 dólares. “Me dijeron que si no pagaba, se iban a quedar con el vehículo. Incluso me amenazaron con meterme preso por intentar sacar mis pertenencias del interior, y además se negaban a entregarme el certificado de decomiso del vehículo”, denunció.
El afectado asegura contar con audios y fotografías que respaldan sus acusaciones. También relató que, al reclamar a un superior, este evitó dar explicaciones y permitió que uno de los policías implicados abandonara rápidamente el lugar. “Es un clan policial que opera de manera coordinada en varios departamentos. Si a nosotros nos decomisan autos, ¿por qué a los policías que también conducen autos chutos no se los sanciona?”, cuestionó.
El caso expone nuevamente la red de corrupción que se teje alrededor del contrabando automotor. Según el testimonio, en un solo operativo se retienen hasta 15 vehículos, lo que podría representar ingresos ilegales de hasta 30.000 bolivianos en cuestión de horas. “Esto no pasa solo en Tarija, viene desde Oruro y Potosí. Hay toda una cadena de cobros ilegales”, concluyó el denunciante, quien anunció que formalizará su denuncia pública con las pruebas en su poder.
Mientras tanto, las autoridades policiales aún no se han pronunciado sobre esta grave denuncia que golpea la credibilidad de la institución verde olivo y que destapa una práctica que, a juzgar por el testimonio, parece estar lejos de ser aislada.
