Alerta Bolivia
Tarija, 12 de agosto de 2025. – La directora del Régimen Penitenciario de Tarija, Gabriela Tintaya, reveló que más de 400 internos del penal de Morros Blancos se encuentran detenidos por procesos relacionados con la Ley N° 348, y que en varios de estos casos existirían denuncias falsas utilizadas como mecanismo de extorsión.
La Ley Integral para Garantizar a las Mujeres una Vida Libre de Violencia (Ley 348), promulgada en 2013, establece sanciones severas para actos de violencia física, psicológica, sexual y patrimonial contra las mujeres. Sin embargo, su aplicación ha generado controversia por denuncias de uso indebido, donde algunas acusaciones serían motivadas por intereses económicos o personales.
Tintaya informó que, desde el pasado viernes, un equipo del Régimen Penitenciario en coordinación con la “Casa del Hombre” —institución que asiste a varones privados de libertad—, realiza un seguimiento minucioso a casos que generan dudas.
“En solo cuatro días hemos identificado más de 400 varones en Morros Blancos procesados por la Ley 348. No estamos en contra de la norma ni negamos la violencia hacia las mujeres, que debe ser denunciada, pero también es real que existen mujeres que utilizan la ley para extorsionar, pidiendo dinero a cambio de retirar denuncias”, afirmó.
La autoridad explicó que se han detectado situaciones preocupantes, como sentencias de dos años y seis meses emitidas sin valorar peritajes relevantes. También mencionó casos en los que una misma denunciante figura como “víctima” en múltiples procesos.
“Hay internos que nos dicen que la denunciante los visita, les pide dinero y promete no seguir con el proceso. Eso es grave y debe investigarse”, sostuvo.
El equipo de la “Casa del Hombre” proveniente de Santa Cruz se encuentra en Tarija verificando la documentación y testimonios para determinar si procede la revisión de sentencias o la apertura de investigaciones contra quienes habrían usado la ley de manera fraudulenta.
Tintaya concluyó que el objetivo es garantizar que la Ley 348 cumpla su finalidad de proteger a las mujeres víctimas de violencia, pero evitando que se convierta en un instrumento de abuso que vulnere los derechos de los varones.
