Un ciudadano tarijeño, identificado como Javier Herrera Pérez (46), falleció el pasado 13 de agosto en el hospital San Bernardo de Salta, Argentina, tras ser diagnosticado con cáncer de páncreas. Lo más llamativo del caso es que Herrera ingresó al centro médico utilizando el DNI de otra persona, perteneciente a la comunidad indígena Wichí de Tartagal, aparentemente con el objetivo de recibir atención médica gratuita.
Según los informes, Herrera, quien residía en Santa Victoria Este, en la frontera con Bolivia, llegó al hospital muy debilitado, acompañado por una mujer que afirmó ser su pareja. Durante su internación, se le brindó atención médica intensiva durante una semana, pero su estado de salud empeoró, y finalmente falleció.
Descubrimiento de la suplantación de identidad
Tras su fallecimiento, el personal médico del hospital procedió a redactar el acta de defunción con los datos proporcionados por el DNI presentado al ingreso. Sin embargo, al notificar a las autoridades de la comunidad indígena sobre la muerte de uno de sus miembros, un cacique local aseguró que el titular del documento, Ramón L., estaba vivo y se encontraba con su familia en Santa Victoria Este.
Cuando la pareja de Herrera fue confrontada, confesó que el DNI no pertenecía al fallecido y que había sido prestado para que pudiera acceder a los servicios médicos del hospital. Según su testimonio, al no contar con un documento de identidad válido, recurrieron a un amigo para utilizar su DNI, con la esperanza de recibir el tratamiento que Herrera necesitaba.
Investigaciones en curso
El caso ha sido puesto en manos de la Justicia argentina, que investiga la posible suplantación de identidad. La mujer, quien permanecía alojada en un albergue proporcionado por el Instituto Provincial de Pueblos Indígenas de Salta (IPPIS), abandonó el lugar antes de cumplir con los trámites legales correspondientes y desde entonces no ha respondido a las autoridades.
Las fuentes señalan que el uso de documentos falsos podría estar vinculado a las recientes normativas argentinas que limitan el acceso gratuito a la atención médica para ciudadanos extranjeros. Desde la implementación de esta medida, los hospitales públicos de Salta han reducido drásticamente la atención a pacientes bolivianos, lo que ha generado una creciente preocupación entre los migrantes que residen en la región fronteriza.
Repercusiones de la política de salud
El consulado boliviano en Salta, encabezado por Felipa Huanca, ha expresado su preocupación ante esta situación y ha solicitado al gobierno provincial que revise la normativa, la cual establece el cobro de tarifas elevadas para ciudadanos extranjeros. Hasta el momento, las autoridades argentinas han mantenido su postura, argumentando que la ley no puede ser modificada.
Por su parte, la colectividad boliviana en Salta ha recomendado a sus compatriotas que eviten cruzar la frontera en busca de atención médica, debido a los altos costos de los servicios. Mientras tanto, el cuerpo de Javier Herrera Pérez continúa en la morgue del hospital San Bernardo, a la espera de ser reclamado por sus familiares o, en caso contrario, será sepultado en una fosa común.
Con información de El Tribuno
