Alerta Bolivia
Martes, 10 de junio de 2025 – Una reciente encuesta nacional de intención de voto difundida por el medio Brújula Digital, en la que el presidente del Senado, Andrónico Rodríguez, aparece como el candidato mejor posicionado, generó controversia luego de que el Tribunal Supremo Electoral (TSE) aclarara que dicho estudio no fue autorizado ni fiscalizado por su instancia técnica.
A través de un comunicado emitido por el Servicio Intercultural de Fortalecimiento Democrático (Sifde), el TSE informó que no conocía las características técnicas ni metodológicas de la encuesta publicada, como lo exige el reglamento vigente para estudios de opinión en materia electoral rumbo a las elecciones generales de 2025.
“La medición difundida no fue fiscalizada por el Sifde, es decir, no se conoció ni aprobó su diseño técnico”, señala el pronunciamiento oficial.
El estudio fue elaborado por la consultora ERI Consultores, que cuenta con autorización general para operar, pero no solicitó autorización específica para este sondeo. Según Brújula Digital, antes de la publicación, el representante de la encuestadora, Iván Velásquez, aseguró que se contaba con el aval correspondiente, información que resultó ser incorrecta.
Pese a la falta de validación oficial, Velásquez defendió la validez del estudio, destacando que fue realizado mediante 5.420 entrevistas presenciales en los nueve departamentos del país, con una muestra estratificada y márgenes de error de ±2.2%, bajo un nivel de confianza del 95%. “Nuestra metodología es sólida, transparente y estadísticamente robusta”, aseguró.
Tras la aclaración del TSE, Brújula Digital retiró la publicación de sus plataformas digitales, aunque no detalló si tomará medidas adicionales contra la consultora.
La encuesta causó revuelo por mostrar a Andrónico Rodríguez como el favorito en la intención de voto, superando a otras figuras del oficialismo y la oposición. Sin embargo, la falta de autorización por parte del órgano electoral ha puesto en duda la validez institucional del estudio y ha reavivado el debate sobre la regulación de encuestas en tiempos preelectorales.