Urgen cambios en el Código de Procedimiento Penal y en los términos de la detención preventiva, según Colegio de Abogados de Tarija

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Alerta Bolivia

Tarija, 08 de septiembre de 2025.- El presidente del Colegio de Abogados de Tarija, Dr. Fernando Valverde, señaló que el sistema judicial boliviano atraviesa una crisis estructural marcada por la retardación de justicia y el uso arbitrario de la detención preventiva, que en muchos casos se convierte en una condena anticipada.

Gobierno Autónomo Municipal de Tarija

“En Bolivia la detención preventiva se ha transformado en una pena adelantada. Hay ciudadanos que llevan cinco o seis años detenidos sin sentencia ejecutoriada, lo que distorsiona totalmente la finalidad del proceso penal”, afirmó.

El jurista destacó que, si bien es positivo que el Tribunal Supremo de Justicia impulse medidas contra la retardación, estas deben aplicarse de manera general y no solo a los casos denominados “presos políticos”. Recordó que la Constitución establece el principio de igualdad entre todos los bolivianos, por lo que un político procesado no debería tener un trato distinto al de cualquier ciudadano común en similares condiciones.

Valverde insistió en que el Código de Procedimiento Penal está desactualizado y requiere una reforma estructural, no simples modificaciones parciales como las realizadas en la última década.

“El sistema necesita un cambio radical que garantice procesos más breves, jueces probos y leyes más justas. Una justicia que demora pierde su condición de justicia”, remarcó.

Asimismo, cuestionó la actuación del Ministerio Público, al que señaló como uno de los principales obstáculos para la investigación de la verdad histórica de los hechos. En su criterio, se debe reformar también la Ley del Ministerio Público y revisar normas como la Ley de Sustancias Controladas, que a su juicio terminan castigando con dureza a consumidores en lugar de enfocarse en el narcotráfico a gran escala.

Finalmente, el presidente del Colegio de Abogados de Tarija reiteró la urgencia de avanzar hacia una reforma judicial integral, que no solo combata la arbitrariedad en el uso de la detención preventiva, sino que además brinde a los bolivianos un acceso real a una justicia pronta e imparcial.


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