Alerta Bolivia
Martes, 11 de febrero de 2025 – La firma del contrato para la construcción de un cerco fronterizo en Aguas Blancas – Argentina, medida impulsada por la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, como parte del Plan Güemes, ha generado el rechazo de la población, que considera la obra innecesaria y sin impacto en la lucha contra el narcotráfico. Los residentes de la zona insisten en que las prioridades deben centrarse en la generación de empleo y en mejoras en infraestructura y servicios básicos.
Durante el acto oficial realizado en la localidad fronteriza, Bullrich, junto al gobernador de Salta, Gustavo Sáenz, oficializó el inicio de la obra y destacó que el cerco forma parte de las estrategias del Gobierno Nacional para fortalecer la seguridad en la frontera norte del país. Además, la ministra inauguró el «Sitio Seguro para Víctimas de Trata» en la Oficina de Migraciones Puerto Chalanas, con el objetivo de brindar asistencia a las personas afectadas por este delito.
Sin embargo, los vecinos de Aguas Blancas manifestaron su descontento y escepticismo respecto a la efectividad de la medida. «Nación no conoce la problemática de la frontera ni las necesidades del pueblo. En lugar de cercarnos, deberían generar fuentes de trabajo», expresó un comerciante local. Otro vecino, taxista de la zona, cuestionó la decisión al señalar que «el narcotráfico no pasa por aquí, sino por las rutas, donde debería reforzarse el control. Necesitamos inversión en salud, educación y empleo antes de medidas como esta».
Asimismo, algunos habitantes destacaron el impacto negativo que tendrá la instalación del cerco en la vida cotidiana de la comunidad. «Nos sentimos encerrados. Cruzar a Bolivia para comprar insumos o disfrutar del río es parte de nuestra vida diaria. Ahora, con más restricciones, será más complicado», explicó un residente.
Pese a las críticas, el Gobierno Argentino sostiene que la iniciativa es clave para la lucha contra los delitos federales en los departamentos de Orán y Aguas Blancas, en un contexto donde se han registrado 55 causas relacionadas con trata de personas y 87 procedimientos, según datos oficiales. La implementación del cerco estará acompañada por equipamiento de seguridad entregado a Gendarmería Nacional, con el objetivo de mejorar los controles fronterizos y detectar personas con pedido de captura.
La polémica medida continúa generando debate en la región, mientras los vecinos insisten en que las soluciones deben estar enfocadas en el desarrollo económico y social de la zona, más allá de las estrategias de seguridad implementadas por el Gobierno.
Con información de El Tribuno
