Alerta Bolivia
Tarija, 08 de diciembre de 2025.- El alcalde de Tarija, Johnny Torres, informó este lunes que el Gobierno nacional descartó la aplicación del denominado 50-50 o nuevo pacto fiscal para la gestión 2026, debido a que el Presupuesto General del Estado ya fue presentado ante la Asamblea Legislativa Plurinacional y no puede ser modificado de manera inmediata. Sin embargo, la autoridad municipal pidió iniciar desde ahora el trabajo técnico para que este modelo pueda concretarse en 2027.
Torres explicó que el presupuesto 2026 está en etapa de consideración y que cualquier ajuste en la distribución de recursos “no puede hacerse de la noche a la mañana”, ya que implicaría modificar normas y procedimientos previamente establecidos. Recordó que el pacto fiscal requiere un proceso de transición y adecuación normativa que aún no se ha desarrollado.
El alcalde advirtió que la situación financiera de los gobiernos municipales es crítica. Señaló que más del 95% de las alcaldías de provincia se encuentran prácticamente en quiebra, con recursos limitados exclusivamente para funcionamiento, mientras que las alcaldías de capital —incluida Tarija— operan con presupuestos de inversión muy reducidos. Para Tarija, indicó, la inversión prevista para 2025 y 2026 oscila entre 13 y 20 millones de bolivianos, montos insuficientes para atender la demanda de obras.
En ese contexto, Torres informó que envió cartas al ministro correspondiente y al presidente del Senado, solicitando una reunión urgente para analizar medidas de salvataje para los municipios, ante la imposibilidad de aplicar el 50-50 en el corto plazo. La reunión ya fue aceptada y solo resta definir la fecha.
Entre las alternativas planteadas, la autoridad mencionó la renegociación de los techos de endeudamiento y la reestructuración de deudas, lo que permitiría a los municipios acceder a créditos y generar liquidez para inversión. Subrayó que existen varias rutas posibles para aliviar la crisis financiera, pero que la única opción inaceptable es “no hacer nada”.
Finalmente, Torres insistió en que, si el 50-50 no será viable en 2026, el Gobierno y los municipios deben comenzar a trabajar desde ahora para garantizar su implementación en 2027, con ajustes técnicos y legales que permitan una redistribución más equitativa de los recursos públicos.
