Alerta Bolviia
Tarija, 24 de febrero de 2026.- El gobierno del presidente Rodrigo Paz publicó el 19 de febrero una convocatoria para contratar un servicio de monitoreo de redes sociales y plataformas digitales por más de medio millón de bolivianos, con cláusulas que exigían «absoluta confidencialidad» sobre el trabajo a realizar y la capacidad de realizar «análisis predictivo de crisis con 48 horas de anticipación». La licitación, que generó críticas de diversos sectores, fue supuestamente dejada sin efecto según un comunicado oficial emitido la noche del lunes, aunque hasta la mañana de este martes continuaba publicada como «vigente» en el Sistema de Contrataciones Estatales (Sicoes).
El documento base de contratación establecía que la empresa seleccionada debía guardar «absoluta confidencialidad sobre la información relacionada con el SERVICIO», la cual no podría ser «comercializada, divulgada, utilizada o compartida sin autorización expresa» del Ministerio de la Presidencia. Entre las funciones requeridas figuraban un «análisis predictivo de crisis con capacidad de anticipación mínima de entre 6 y 48 horas», un «sistema de alertas tempranas» ante picos de menciones negativas y la «identificación de actores relevantes, comunidades digitales e influencia».
La convocatoria fue publicada en Sicoes el 19 de febrero y al día siguiente, mediante decreto supremo 5550, se dispuso la fusión de la Dirección General de Comunicación y la Vocería bajo la estructura de la Presidencia del Estado.
Pasadas las 22:30 del lunes, el Ministerio de la Presidencia emitió un comunicado defendiendo la necesidad de la contratación. «Monitorear el impacto de las políticas públicas es hoy una responsabilidad ineludible del Estado moderno. El uso de herramientas tecnológicas para medir el alcance, la eficiencia y la recepción de la información gubernamental constituye una práctica estándar en gobiernos democráticos», señaló el documento.
En el comunicado, el Gobierno aseguró que «no se trata de ‘controlar las redes sociales'» y explicó que seis de los siete párrafos estaban dedicados a justificar la importancia de contar con una gestión en redes para «estar conectado con los problemas y aspiraciones de la ciudadanía». Además, informó que el «proceso de contratación mencionado ya no se encuentra vigente» debido a que el área de Comunicación Social dejó de depender del Ministerio de la Presidencia para pasar a la Presidencia.
Sin embargo, al cierre de esta edición, la convocatoria continuaba figurando en el sistema Sicoes con el estado «vigente», lo que genera confusión sobre la real situación del proceso licitatorio. La polémica surge en un contexto donde el presidente Paz había manifestado durante la campaña electoral la necesidad de «tecnología de punta» para ayudar en «controles» a las redes sociales.
