AB Noticias – Tarija, 27 de abril de 2026.- El abogado Rafael Gómez presentó este lunes una denuncia formal ante la Fiscalía contra el rector de la Universidad Autónoma Juan Misael Saracho (UAJMS) de Tarija, Eduardo Cortéz, y otros miembros del plantel directivo, por la presunta contratación irregular de 172 funcionarios entre 2022 y 2026, muchos de ellos familiares, amigos y ex militantes del MAS, con sueldos que superan ampliamente los haberes básicos de la institución. Gómez sostuvo que estos hechos constituyen delitos de malversación de fondos, incumplimiento de deberes y otros que determinará la investigación.
“Esta es la lista de 172 personas contratadas. Entre ellas, hay entre 14 y 15 personas íntimas del rector: parientes, amigos y acólitos. Gente que pasó de ganar haberes básicos de 7.000 o 9.000 bolivianos a percibir sueldos de hasta 15.000 o 16.000 bolivianos”, denunció Gómez, quien presentó el listado como prueba. Entre los casos destacados mencionó a Osvaldo Aguirre, quien como técnico 2 pasó de percibir 7.509 a ganar 15.589 bolivianos; a Sonia Cortéz Franco, sobrina del rector, cuyo salario se incrementó de 10.869 a 13.448 bolivianos; y a Santiago Mamani Torres, cuyo sueldo pasó de 9.662 a 16.057 bolivianos, entre otros casos.
El abogado cuestionó que estas contrataciones masivas se hayan realizado “cuando lo que se pedía desde el gobierno nacional era austeridad y no contratación innecesaria de personal administrativo”. “La gente del MAS, como ha perdido las pegas, se ha venido a refugiar en la universidad”, afirmó, en referencia a los vínculos políticos de los contratados. Gómez precisó que las contrataciones se realizaron entre 2022 y lo que va de 2026, y subrayó que ese dinero debió ser invertido en equipos de computación, docentes especializados u otras necesidades académicas.
La denuncia apunta contra el rector Eduardo Cortéz, el vicerrector, el director administrativo financiero (DAF), el jefe de recursos humanos y otros funcionarios involucrados. Gómez solicitó que sean citados a declarar para que expliquen quién dio las órdenes de contratación y con qué criterios se aprobaron los incrementos salariales. El abogado advirtió que estas prácticas “contradicen la voluntad del pueblo boliviano, que en las pasadas elecciones demandó austeridad en todos los niveles del Estado”.
El caso quedó en manos del Ministerio Público, que determinará si existen méritos para iniciar una investigación formal. Gómez anunció que seguirá aportando pruebas y no descartó ampliar la denuncia contra otras personas si surgen nuevos elementos. La UAJMS aún no emitió un pronunciamiento oficial sobre las acusaciones.