Alerta Bolivia
Tarija, martes 28 de octubre de 2025.- El alcalde de Tarija, Johnny Torres, manifestó su preocupación ante la Ley corta 1657, promulgada por el presidente Luis Arce. Esta norma, impulsada inicialmente por el Comité pro Santa Cruz, autoriza de manera excepcional y transitoria la importación de diésel y gasolina por parte de privados para garantizar el abastecimiento en situaciones de emergencia. Según Torres, la ley podría elevar significativamente los precios y generar consecuencias económicas negativas.
“La persona que importe combustible lo podrá vender al precio que determine. Si lo compra a un dólar y decide venderlo a quince, lo puede hacer, porque la ley lo permite”, advirtió.
Agregó que el decreto reglamentario que se emita deberá definir los márgenes de utilidad y los mecanismos de control, ya que el texto legal deja varios puntos sin especificar.
Torres cuestionó que la medida se haya aprobado a pocos días del cambio de gobierno, señalando que su aplicación podría generar distorsiones en la economía.
“Todo incremento en los carburantes termina provocando un incremento en los productos finales. Si un camión pasa tres días haciendo fila por combustible, trabaja la mitad del tiempo, y eso encarece el transporte y la canasta familiar”, explicó.
El alcalde puso como ejemplo la situación crítica que atraviesa el municipio, cuya maquinaria pesada requiere alrededor de 60.000 litros de diésel al mes.
“Nos dieron solo 5.000 litros el sábado y esperamos otros 5.000 esta semana, es decir, apenas una cuarta parte de lo necesario”, indicó.
Torres lamentó la falta de previsión del Gobierno y advirtió que, si no se regulan los precios, sectores como el transporte, la producción lechera y la distribución de alimentos podrían verse gravemente afectados.
“Este tipo de decisiones deberían ser analizadas por el nuevo gobierno. Estamos ante una ley con muchas contradicciones que puede impactar directamente en el bolsillo de los bolivianos”, concluyó.