Alerta Bolivia
Tarija, 22 de octubre de 2025.- El Tribunal Departamental de Justicia de Tarija, a través de la Sala Constitucional Primera, resolvió conceder parcialmente el amparo constitucional presentado en contra del alcalde Johnny Torres Terzo y de la empresa Smart Solution S.A., determinando la suspensión del proyecto de fotomultas en la ciudad hasta que se cumplan los procedimientos legislativos correspondientes, informó el diputado electo Richard López.
Según el fallo, la sala resolvió que “no corresponde la aplicación del proyecto denominado Implementación de un modelo de desarrollo y educación vial mediante un sistema de control de infracciones de tránsito vehicular en la ciudad de Tarija por parte de la empresa Smart Solution S.A., hasta que se cumplan los procedimientos legislativos establecidos para la puesta en vigencia del Decreto Municipal N° 39/2025”.
Además, el tribunal determinó que “no corresponde la ejecución de la multas efectuadas al accionante desde fecha 16 de agosto de 2025, al no estar vigente el decreto mencionado”. Con esta resolución, la aplicación del sistema de fotomultas queda suspendida temporalmente, a la espera de que se cumplan los pasos legales necesarios para su aprobación.
López explicó que esta decisión judicial “ratifica lo que veníamos denunciando: que el proyecto fue implementado sin respetar los procedimientos legales”. Asimismo, adelantó que exigirá al alcalde de Tarija la anulación del contrato con la empresa Smart Solution, señalando que “no se puede continuar con un sistema que no cuenta con respaldo normativo ni social”.
López también aclaró que el sector del transporte no busca justificar infracciones, sino garantizar transparencia y legalidad. “El transporte no está diciendo que puede hacer lo que quiera; también debemos respetar los semáforos y las normas de tránsito. Pero los proyectos deben nacer con consenso y legalidad desde su inicio”, afirmó.
El legislador anunció que enviará una nota formal al Gobierno Municipal de Tarija solicitando información sobre el registro y cobro de fotomultas, con el objetivo de verificar el cumplimiento del fallo constitucional. “La justicia ha sido clara: mientras no se cumplan los procedimientos legislativos, no puede implementarse el proyecto de fotomultas. Es una decisión que debe respetarse”, concluyó.