Alerta Bolivia
Jueves, 30 de octubre de 2025.- La comisión especial del Senado que investigó la asonada militar del 26 de junio de 2024 concluyó que no existió un “golpe de Estado”, en contraposición a la versión sostenida por el Gobierno del presidente Luis Arce. El informe legislativo, aprobado en el pleno de la Cámara Alta, señala que no hay indicios ni pruebas que acrediten una intención real de deponer al mandatario o tomar el control de las instituciones del Estado.
“No existe indicio, evidencia o prueba alguna que determine que el 26 de junio de 2024, ante el inusual desplazamiento de personal militar del Ejército a plaza Murillo, haya existido una intención efectiva y real de ejecutar un golpe de Estado en Bolivia”, cita el punto número uno del documento final de la comisión.
Sin embargo, el informe identifica indicios de responsabilidad penal en grado de tentativa por parte del exgeneral Juan José Zúñiga —quien encabezó el movimiento militar de ese día— y otros oficiales, por el presunto delito de alzamiento armado en grado de tentativa. Según el documento, los implicados portaban armamento letal y pretendían alterar el orden constitucional y la paz social.
La comisión, liderada por los senadores William Torrez (MAS), Guillermo Seoane (CC) y Henry Montero (Creemos), trabajó durante más de un año recabando entrevistas, documentos, registros audiovisuales y otros elementos del cuaderno de investigaciones del Ministerio Público. El informe final consta de 112 páginas.
Recomendaciones e investigaciones
El documento recomienda a la Fiscalía General del Estado investigar al exministro de Gobierno Eduardo Del Castillo, al viceministro de Régimen Interior Jhonny Aguilera, y al actual ministro de Gobierno Roberto Ríos, por presuntamente coaccionar y presentar públicamente a los detenidos sin autorización. También sugiere investigar la utilización de recursos estatales en la producción del documental “Qué pasó el 26-J en Bolivia”.
Asimismo, propone incorporar en la formación militar contenidos sobre derechos humanos, democracia y respeto constitucional.
Contexto de los hechos
El 26 de junio de 2024, el entonces comandante del Ejército, Juan José Zúñiga, ingresó a plaza Murillo al mando de un grupo de militares y vehículos blindados, afirmando que buscaba “recuperar la democracia”. Horas más tarde fue aprehendido y declaró que actuó por instrucción del presidente Arce, como parte de una estrategia para mejorar su imagen política en medio de una crisis por movilizaciones sociales.
Zúñiga permanece detenido en Cochabamba, acusado de alzamiento armado, terrorismo y resoluciones contrarias a la Constitución.
Defensa de Zúñiga anuncia acciones legales
Tras conocerse el informe legislativo, la abogada defensora Silvia Tapia solicitó la liberación del exgeneral y anunció que interpondrá una demanda por resarcimiento de daños, argumentando que su cliente fue dado de baja de manera arbitraria y se encuentra sin percibir salario.
“Mi persona como defensa va a solicitar al tribunal que el informe de la comisión se tome como medio probatorio idóneo. En el juicio pediremos una sentencia absolutoria a favor de mi cliente”, afirmó Tapia.
La jurista añadió que el documento del Senado constituye una prueba objetiva que confirma que el 26 de junio de 2024 no hubo un intento real de golpe de Estado.
“No recibe sueldo, ha sido retirado del Ejército de forma arbitraria, por lo que vamos a presentar un proceso de resarcimiento de daños”, declaró.
Reacciones políticas
El senador del MAS, Félix Ajpi, también coincidió con las conclusiones del informe. “No hubo tal golpe ni autogolpe, pero el Gobierno hábilmente aprovechó esto para levantar su imagen de víctimas de un golpe de Estado”, expresó durante su intervención en el pleno.
Con este informe, la versión oficial del Ejecutivo recibe un revés político y judicial, mientras la defensa de Zúñiga busca revertir su detención y limpiar su imagen tras más de un año de procesos.