Alerta Bolivia
Tarija, 26 de noviembre de 2025.- El analista económico Luis Fernando Romero cuestionó este miércoles el impacto real de los anuncios gubernamentales referidos a la eliminación de cuatro impuestos, señalando que la medida beneficiará únicamente a un pequeño sector empresarial y a familias de altos ingresos, sin generar un efecto significativo en la economía nacional.
En una entrevista con medios locales, Romero explicó que estos tributos representan cerca del 1% de la recaudación nacional, por lo que su eliminación tiene un impacto “mínimo” tanto en lo social como en lo económico.
“La población esperaba un perdonazo tributario, eso sí hubiese dinamizado la economía”, afirmó.
El analista ejemplificó que muchos contribuyentes mantienen deudas que se han multiplicado por multas e intereses.
“Si alguien debe 100 bolivianos, pero las multas llegan a 3.000, un perdón tributario permite pagar su obligación real y usar el resto para comprar materia prima, invertir y mover la economía. Eso no ocurrirá ahora”, sostuvo.
Según Romero, la supresión de estos cuatro impuestos favorecerá principalmente a “un pequeño grupo económico con alto poder adquisitivo”, sin ofrecer alivio a los sectores productivos o a los contribuyentes con deudas acumuladas que esperaban un respiro financiero.
Asimismo, destacó que aunque el Gobierno anunció que garantizará el suministro de medicamentos, diésel, gasolina y el pago de bonos sociales, estas medidas tampoco resuelven los problemas estructurales que afectan a la población: inflación, falta de dólares y desabastecimiento de carburantes.
Romero también observó que el Gobierno envió una señal de acercamiento hacia los empresarios e inversionistas, aunque aclaró que “todavía falta mejorar las condiciones para hacer empresa, garantizar estabilidad económica y seguridad jurídica”.
Finalmente, calificó como un anuncio de alto impacto la intención de reducir el gasto estatal en un 30%, lo que equivaldría a recortar alrededor de 100.000 millones de bolivianos del presupuesto. Advirtió que un ajuste de esa magnitud podría derivar en cierre de empresas estatales, recortes de subvenciones y efectos sociales adversos, como mayor desempleo y pobreza.