Alerta Bolivia
Tarija, 12 de noviembre de 2025.– La Fiscalía presentó una acusación formal contra el gobernador de Tarija, Óscar Montes, y el director del Proyecto Múltiple San Jacinto, por el presunto delito de uso indebido de bienes del Estado, luego de comprobarse que maquinaria pública habría sido utilizada para beneficiar terrenos privados vinculados a la familia del gobernador.
La denuncia fue interpuesta por la asambleísta departamental del Movimiento al Socialismo (MAS), Romina Salazar, quien informó sobre la notificación con la acusación formal emitida por el Ministerio Público.
“Me acaban de notificar con la acusación formal contra el gobernador Óscar Montes y el director del Proyecto Múltiple San Jacinto. Este caso ya era de conocimiento público, hicimos seguimiento durante todo el año y hoy tenemos los resultados. No podemos permitir que autoridades usen los bienes del Estado para su beneficio personal”, manifestó Salazar.
La legisladora explicó que la investigación se inició tras evidenciarse que maquinaria del proyecto Múltiple San Jacinto fue desplazada hacia terrenos de la esposa del gobernador, Ruth Ponce, quien no sería afiliada al sector regante beneficiario del proyecto. Según la denuncia, en una inspección ocular se constató el movimiento de grandes volúmenes de tierra en esos predios, lo que motivó la intervención de la Fiscalía.
“Se ha demostrado que maquinaria del proyecto fue utilizada en terrenos privados. Mientras los funcionarios públicos reciben un salario para servir a la población, algunos usan los bienes del Estado para intereses personales. Esta irregularidad fue verificada con documentación e inspecciones”, añadió Salazar.
La acusación formal implica que el caso pase a la siguiente etapa judicial, donde el juez deberá evaluar si corresponde llevar a juicio al gobernador y al director del proyecto. La asambleísta señaló además que existen otros procesos en curso vinculados a presuntas irregularidades en la Gobernación, como el caso del cemento asfáltico, y anunció que presentará nuevas denuncias con sustento documental.
“La justicia está actuando. No nos van a callar ni intimidar. Nuestro deber es fiscalizar, y cuando se identifican hechos irregulares, no pueden quedar en la nada”, concluyó Salazar.
