Alerta Bolivia
Tarija, 05 de febrero de 2025 – La asambleísta departamental por el Movimiento al Socialismo (MAS), Romina Salazar, informó que el Ministerio Público admitió la denuncia interpuesta contra el gobernador de Tarija, Óscar Montes, y el director de la Unidad Operativa del Proyecto Multiple San Jacinto, por presuntos delitos de uso indebido de bienes y servicios públicos, incumplimiento de deberes y conducta antieconómica. La denuncia, presentada formalmente por Salazar, busca investigar el uso irregular de maquinaria estatal en predios particulares, específicamente en propiedades vinculadas a la primera dama, Ruth Ponce, esposa del gobernador.
Detalles de la denuncia
Salazar explicó que la denuncia se basa en evidencias documentadas que demuestran el uso indebido de maquinaria del Estado en beneficio de personas no inscritas como beneficiarias del Proyecto Múltiple San Jacinto. «Hemos adjuntado toda la documentación necesaria, incluido el reglamento que establece que solo los inscritos en el proyecto pueden solicitar el uso de estas maquinarias», señaló la asambleísta.
Entre los documentos presentados se encuentra el artículo 19 del reglamento del proyecto, que prohíbe expresamente el uso de maquinaria estatal por parte de personas no autorizadas. «Nadie puede pedir estos servicios si no está inscrito como beneficiario. Sin embargo, se ha utilizado la maquinaria en predios particulares, lo que constituye una violación a la normativa», afirmó Salazar.
Investigaciones preliminares
El Ministerio Público ya inició las investigaciones preliminares, lo que, según Salazar, confirma que la denuncia tiene fundamentos sólidos. «La Fiscalía ha admitido la denuncia porque hay indicios claros de que se han vulnerado normas y reglamentos. Esto no puede quedar en la impunidad», sostuvo.
La asambleísta también denunció que, tras la presentación de la denuncia, algunas personas que colaboraron con la investigación han sido objeto de malos tratos por parte de funcionarios. «No podemos permitir que se amedrente o persiga a quienes están cuidando los intereses de los tarijeños. Pedimos garantías para estas personas», enfatizó.
Llamado a la justicia y transparencia
Salazar hizo un llamado a la justicia y la transparencia, asegurando que su denuncia no tiene motivaciones políticas, sino que busca proteger los recursos del Estado. «El dinero utilizado es de todos los tarijeños, no de una sola persona. Estamos cumpliendo con nuestro deber de velar por el uso correcto de los bienes públicos», afirmó.
Además, la asambleísta reveló que, a pesar de haber presentado un pedido de información (petición de informe) a la Gobernación en enero, no ha recibido respuesta sobre los movimientos de maquinaria en los predios cuestionados. «El gobernador no ha respondido a nuestros pedidos de información, pero esperamos que sí responda a la justicia», declaró.