A 17 días de dejar el cargo de Fiscal General del Estado, Juan Lanchipa recibió este domingo un revés en su decisión de destituir a la fiscal departamental de Tarija, Sandra Gutiérrez, porque la justicia ordenó su restitución y retorno a sus funciones. La determinación debe ser cumplida y no hay ningún otro pronunciamiento desde la Fiscalía General.
Gutiérrez fue destituida después de emitir una orden de aprehensión en contra de Evo Morales, por un caso de estupro y trata y tráfico.
El juez Iván Córdoba Castillo, que atendió el caso de la destitución, señaló que el Fiscal General en suplencia cometió “un acto arbitrario”, por lo que ordenó a Lanchipa restituir a Gutiérrez como fiscal departamental de Tarija.
“En consecuencia, (se) deja sin efecto legal la resolución número FGE/AMNMC/DAL/193/2024, de fecha 2 de octubre del año 2024, concediendo la tutela solicitada única y exclusivamente al coaccionado, el fiscal suplente, al ser él el suscriptor del documento considerado como quebrantador de derechos y garantías constitucionales”, manifestó el juez, quien luego ordenó al Fiscal General “corregir” el accionar que afectó a Gutiérrez.
Palabra de Lanchipa
El jueves, en una conferencia de prensa, Lanchipa habló de una supuesta “conducta negligente” de la exfiscal de Tarija en el cumplimiento de sus funciones.
“Siendo éste y otros aspectos relacionados a su idoneidad profesional, que son parte de conocimiento público, los motivos principales para que el Fiscal General, en suplencia legal, determine su alejamiento inmediato de la institución y no por la emisión de referido mandamiento de aprehensión (en contra de Morales)”, justificó entonces Lanchipa.
Apegado a la ley
El juez se pronunció así: al “señor fiscal general del Estado titular, doctor Juan Lanchipa Ponce, en ejercicio de sus facultades y en el cumplimiento estricto de la ley, corregir este accionar, insisto, apegado a lo que la propia ley establece, la Ley Orgánica del Ministerio Público”.
“La presente decisión, como es deber y obligación, será remitida en el plazo de 24 horas ante el Tribunal Constitucional Plurinacional para la remisión de la decisión del suscrito servidor judicial”, puntualizó.
