Alerta Bolivia
Tarija, 29 de abril de 2025 – Una fuerte polémica se desató en el municipio de San Lorenzo tras la tala de aproximadamente 90 árboles de pino en inmediaciones del cementerio. La acción, realizada el pasado fin de semana, generó la indignación de vecinos del barrio Central, organizaciones medioambientales y ahora también de la Gobernación de Tarija, que calificó el hecho como un atentado ambiental.
Rayan Torrico, presidente de la OTB Centro, denunció públicamente la falta de autorización para esta intervención forestal y cuestionó el accionar de las autoridades.

“Han talado más de 90 pinos sin mostrar ninguna autorización ni informe técnico. Esto era un espacio público y parte de la tradición del barrio”, sostuvo en entrevista con medios, donde además pidió una investigación y la actuación inmediata de los concejales y asambleístas del municipio.
Torrico afirmó que la tala se realizó sin consulta previa a la comunidad y señaló al exconcejal Sergio López como posible responsable, al indicar que los árboles fueron cortados frente a su domicilio.
“Pido a todas las organizaciones que defienden el medioambiente que se pronuncien. Esto no puede quedar impune”, expresó.
Por su parte, el alcalde de San Lorenzo (M.A.S.), Asunción Ramos, justificó la medida argumentando razones de seguridad. Explicó que los pinos, con más de 45 años de antigüedad y de hasta 16 metros de altura, representaban un riesgo para los vecinos, ya que algunos ya se habían caído en años anteriores.
“Actuamos a pedido de las familias que viven en esa cuadra. Se trabajó de forma coordinada con técnicos municipales para prevenir posibles accidentes”, afirmó.
Ante esta situación, la Gobernación del departamento de Tarija realizó una inspección en el área para verificar la denuncia, confirmando la afectación.
“Nosotros como Gobernación ya tomamos las acciones legales respectivas en contra de las autoridades municipales, porque son los encargados de cuidar las áreas protegidas”, declaró Reyner Figueroa, director de Gestión Ambiental, Riesgos y Cambio Climático de la Gobernación.
Figueroa enfatizó que la finalidad de la acción legal es sentar un precedente, ya que la tala indiscriminada de árboles se está volviendo una práctica recurrente en la región.
“No podemos afectar de esta manera a los árboles, tenemos que considerar que el medioambiente representa nuestros problemas”, señaló.
Mientras tanto, la ciudadanía exige transparencia y solicita que se hagan públicas las autorizaciones, estudios técnicos y criterios ambientales que respaldaron la tala. La controversia ha puesto nuevamente en debate la necesidad de conciliar el desarrollo urbano con la protección del entorno natural, y ha reavivado críticas hacia la gestión ambiental en el municipio.