Alerta Bolivia
Jueves, 08 de enero de 2026.- El presidente del Senado, Diego Ávila, presentó este jueves un informe oficial de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) que certifica que el proyecto exploratorio DMO-X3 no se encuentra dentro de la Reserva Natural de Flora y Fauna Tariquía, en el departamento de Tarija.
Acompañado de cartografía técnica, la autoridad legislativa desmintió los rumores sobre una supuesta incursión en el área protegida, asegurando que existe una «distancia considerable» y una serranía que separa la ubicación del pozo de los límites de la reserva. Ávila subrayó que esta ubicación garantiza que no habrá afectación a las fuentes de agua que abastecen a Tariquía, limitándose el impacto a fuentes hídricas de carácter secundario.
Compromiso Ambiental y Cumplimiento Normativo
Durante su comparecencia, el presidente del Senado reafirmó la promesa electoral de no permitir actividades extractivas dentro de las reservas naturales del país.
- Licencia y Consulta: El proyecto cuenta con la respectiva licencia ambiental y ha cumplido con los procesos de consulta previa en la zona desde el año 2023.
- Instrucción Presidencial: Ávila enfatizó que existe una instrucción directa del Presidente de la República de prohibir cualquier actividad petrolera dentro de los límites de Tariquía.
- Alternativas de Desarrollo: Se destacó que el Gobierno trabaja en promover actividades económicas sostenibles dentro de las reservas, como los bonos de carbono, para generar recursos para los comunarios sin comprometer el ecosistema.
Audiencia Pública en Tarija
Con el objetivo de «desmitificar» la información que circula, se anunció la realización de una audiencia pública el día de mañana en la ciudad de Tarija. En dicho encuentro participarán el Presidente de YPFB y un equipo de expertos delegados por el Ministerio de Hidrocarburos para explicar a detalle los aspectos técnicos y legales del pozo DMO-X3.
Conflicto Social
Consultado sobre la intervención policial del pasado lunes en las vigilias de resistencia, Ávila señaló que la empresa operadora debe cumplir con plazos establecidos. No obstante, la autoridad evitó emitir declaraciones sobre los procesos penales iniciados contra 17 ambientalistas tras los incidentes.
