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«Es el bono de la discriminación»: madres de familia denuncian que el PEPE excluye a trabajadores que tienen aportes a la Gestora
Tarija, 27 de febrero de 2026.- La promesa del gobierno de Rodrigo Paz de entregar un bono de Bs 150 mensuales durante tres meses a todas las familias con niños que cobran el Juancito Pinto se convirtió en una amarga decepción para cientos de madres y padres de familia de Tarija que, al acercarse a las entidades bancarias, descubrieron que no figuran como beneficiarios. El motivo: tienen registro de aportes a la Gestora Pública, aunque muchos de ellos trabajen de manera independiente o temporal.
María (nombre reservado) es una madre de familia de un colegio de Tarija que vive en carne propia esta contradicción. Como muchas otras mujeres, acudió al banco confiada en las palabras del primer mandatario, que aseguró que todas las personas con niños beneficiarios del Juancito Pinto podrían acceder al Programa Extraordinario de Protección y Equidad (PEPE). Sin embargo, al consultar su estado, el sistema le devolvió una negativa.
«Fui al banco a cobrar porque tengo mi hijo en la escuela y recibe el Juancito Pinto. El presidente dijo que todas las familias con niños podíamos cobrar este bono, pero cuando fui a la ventanilla me dijeron que no figuraba. Me mandaron a la Gestora Pública», relata la mujer, visiblemente indignada.
La explicación que nadie esperaba
Al apersonarse a oficinas de la Gestora Pública en Tarija, la respuesta que recibió la dejó más perpleja aún. Según denuncia la madre de familia, el personal de la entidad le informó que, al tener registro de aportes a la Gestora, automáticamente quedaba excluida del beneficio, sin importar si sus ingresos son bajos o si su situación laboral es precaria.
«Me dijeron: ‘Usted tiene aportes registrados en la Gestora, por eso no le corresponde’. Pero yo soy madre, trabajo honradamente, tengo mi hijo en la escuela. ¿Por qué tener aportes me castiga? El gobierno nunca dijo que por tener aportes nos iban a quitar el bono», expresa con lágrimas en los ojos.
«Tener aportes no es delito»
La mujer, que prefiere mantener su identidad en reserva por temor a represalias, asegura que el gobierno de Rodrigo Paz nunca informó sobre esta condición excluyente. En todos los discursos oficiales, se repitió que el PEPE llegaría a «todas las familias con niños que cobran el Juancito Pinto». En ningún momento se mencionó que las personas con aportes registrados en la Gestora Pública quedarían fuera, independientemente de su nivel de ingresos.
«Tener aportes no es delito. Trabajamos, aportamos, cumplimos. ¿Y por eso nos castigan? Esto es una discriminación. ¿Se imagina cuánta gente está en mi misma situación? Gente que tiene su carnet, que aporta, que trabaja honradamente, y resulta que por eso nos excluyen», denuncia.
La norma que nadie explicó
La normativa del PEPE establece que el beneficio se entrega por grupo familiar a personas que ya reciben otros bonos estatales, como el Juancito Pinto . Sin embargo, los criterios de exclusión no fueron comunicados con claridad a la población. El viceministro de Tesoro y Crédito Público, Christian Morales, explicó en su momento que «si en un hogar existen dos niños que van a una unidad fiscal, la familia sólo va a recibir Bs 150» , pero en ningún momento advirtió que tener registro de aportes en la Gestora Pública inhabilitaría a los padres para acceder al beneficio.
El gerente de la Gestora Pública, Marcelo Fernández, aclaró que el incremento de algunos beneficios no es para todos, pero esa información no llegó a la población de a pie .
El clamor de las excluidas
Mientras tanto, madres como María siguen esperando una respuesta. «Yo solo quiero que me expliquen por qué, si tengo mi hijo en la escuela y trabajo honradamente, no tengo derecho a este bono. El presidente dice que es para proteger a las familias vulnerables, pero resulta que los que trabajamos y aportamos somos los más castigados», concluye.
El caso ha generado indignación en diversos sectores de Tarija, donde se multiplican las voces que califican al PEPE como «el bono de la discriminación». Mientras las autoridades no aclaren los criterios y no llegue el beneficio a quienes realmente lo necesitan, la protesta ciudadana seguirá creciendo.
